En la propuesta de Ley de Ingresos 2026 del Estado de Yucatán, el Ejecutivo solicita al Congreso autorización para contratar un crédito de hasta 1,530 millones de pesos para pagar a largo plazo.
Ese financiamiento, junto con los resultados de esfuerzo recaudatorio —se indica en la iniciativa— permitirá “dar suficiencia a la estrategia de elevar la inversión pública con recursos propios a cerca de 3,167 millones de pesos en los rubros de gasto correspondientes a la definición legal de inversión pública productiva”.
Este crédito sería el segundo de elevado monto que ejerce la administración de Joaquín Díaz Mena. El primero fue de poco más de $1,700 millones de los $3,063 millones autorizados al gobierno anterior para obras en el puerto de altura.
El gobierno de Mauricio Vila Dosal solo recibió la autorización del Congreso. La contratación y ejercicio de los recursos ya mencionados correspondió a la administración actual.
En la iniciativa turnada al Poder Legislativo se indica que una de “las medidas prudenciales” que adoptó el gobierno de Díaz Mena fue precisamente limitar a $1,765 millones “la disposición del endeudamiento neto” de esos $3,063 millones previstos para el puerto de altura.
Sustento de la petición
También se justifica la petición de nueva deuda con los siguientes argumentos:
- La presente administración ha mantenido una adecuada calificación crediticia del Estado. El 19 de marzo pasado, HR Ratings mejoró la calificación de HRR AA a HR AA+.
- Yucatán está clasificado por el Sistema de Alertas federal, a cargo de la Secretaría de Hacienda, con un nivel de endeudamiento sostenible, lo que permite acceder a un techo de financiamiento neto equivalente al 15% de los ingresos de libre disposición.
- El monto de financiamiento solicitado permitirá mantener a la entidad con un bajo índice de endeudamiento en todos los criterios relevantes.
La autorización solicitada plantea un monto de hasta 1,530 millones de pesos y la estructura jurídica y financiera “más conservadora en el mercado”, esto es, un plazo de pago de hasta 20 años.
Inversión productiva
El destino de los recursos sería “inversión pública productiva”.
En el proyecto de ley se señala también que desde marzo de 2014 el Estado no tiene obligaciones relacionadas con deuda contingente y que para el ejercicio 2026 no se identifican programas o proyectos de inversión de largo plazo con esas características.