La mañana de ayer lunes se llevó a cabo en las instalaciones del CRIT Yucatán la reunión de trabajo de las Comisiones Unidas de Salud y la de Desarrollo Humano, para discutir sobre tres iniciativas en materia de autismo.

El evento se dio bajo la modalidad de parlamento abierto con escucha ciudadana, permitiendo que especialistas y madres de niños con esta condición expresen sus opiniones.

Se analizaron tres propuestas:

  • 1) Una iniciativa para expedir una ley estatal de atención, protección de derechos e inclusión para personas dentro del espectro autista, presentada por Movimiento Ciudadano.
  • 2) Otra iniciativa con el mismo propósito, impulsada por las fracciones de Morena, Partido del Trabajo y Verde Ecologista de México.
  • 3) Un proyecto para crear la Ley de Autismo de Yucatán, promovido por el Partido Acción Nacional.

La sesión fue encabezada por las diputadas Clara Paola Rosales Montiel, de Morena; y María Teresa Boehm Calero, del PAN; junto con la doctora María Eloisa Sánchez Zuñiga.

Se dijo que se realizarán dos consultas públicas más, incluida una el viernes 5 de diciembre a las 12:30, para quienes no pudieron asistir en esta.

Necesaria inclusión

Lidieth Elide Denis Alcocer, directora del Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE), aportó con un mensaje en el que afirmó que Yucatán necesita un marco legal para garantizar derechos, atención e inclusión de personas con autismo.

Al mismo tiempo que se construye este marco legal, la directora consideró que debe hacerse con evidencia y escucha activa hacia las personas con autismo y sus familias.

Aunque no existe un marco legal, refirió, el gobierno junto con CREE trabajan estos temas desde hace un año. Como ejemplo señaló que en ese tiempo se tenía una lista de espera con 150 infantes autistas y ahora esa lista se redujo a cero.

Después recalcó que una ley permitirá fortalecer estas acciones, pero insistió en que el proceso debe ser participativo y basado en los problemas reales que enfrenta la comunidad.

Especialistas y ciudadanía coincidieron en que la futura ley de autismo debe construirse desde la evidencia, los derechos humanos y la escucha activa de las familias.

El psicólogo Roberto Erosa llamó a repensar el lenguaje institucional y no olvidar a los adultos autistas, al advertir la urgencia de una residencia protegida y servicios dignos, pues hoy muchas familias enfrentan listas de espera, atención insuficiente y nula regulación.

El neuropsicólogo Fernando Gervacio enfatizó la importancia de garantizar diagnósticos clínicos realizados solo por profesionales con formación acreditada y práctica supervisada, señalando que sin evaluaciones de calidad no habrá intervenciones efectivas ni inclusión real; pidió que la ley establezca criterios mínimos para quienes evalúan.

La neuropsicóloga Beneddit Cruz insistió en que el Estado debe pensar desde ahora en los adultos y ancianos autistas, y que un futuro centro especializado debe responder a modelos modernos basados en evidencia, con personal altamente capacitado y enfoque comunitario, no en esquemas de encierro.

Desde la perspectiva ciudadana, Cristi Salazar Gómez subrayó el dolor que enfrentan familias sin recursos para acceder a diagnósticos y terapias, así como la falta de capacitación docente y los episodios de discriminación en las escuelas.

Por ello, pidió que la ley garantice entornos inclusivos, atención oportuna y una verdadera igualdad de oportunidades para niños y adultos autistas.