Existe un choque entre las costumbres del pueblo maya, que son parte de su derecho consuetudinario, y las regulaciones legales federales que prohíben ciertas prácticas.
Concretamente estas prácticas incluyen la tumba, roza y quema, por lo cual la mayor incidencia de delitos en este nivel son del medio ambiente.
A pesar de eso, es mínima la incidencia: en dos años el Instituto Federal de la Defensoría Pública solo atendió seis casos, tres de ellos en materia ambiental.
Mayahablantes cometen delitos por costumbres
Luis Enrique Uitz Puga, defensor público federal en la entidad y especializado en lengua y costumbres mayas, agregó que “esta cifra puede parecer baja, pero refleja una realidad donde la comunidad indígena ha logrado resolver muchos de sus conflictos de manera interna, pero sobre todo, porque la población indígena es respetuosa de las disposiciones legales”.
Entrevistado en sus oficinas de la delegación de la Defensoría Pública Federal en la entidad, el funcionario destacó que “en las cárceles de Yucatán hay solo un mayahablante privado de su libertad, sentenciado por el delito de portación de armas de uso exclusivo del Ejército y por posesión de narcóticos con fines de comercio, a quien se le tramita hoy una prelibertad al cumplir la mitad de su sentencia”.
Esta defensoría pública federal, manifestó, cuenta con personas que tienen tres abogados especializados con conocimiento de la lengua y cultura maya, para auxiliar en la interpretación y defensa ante las autoridades de procuración y administración de justicia, y sus servicios son totalmente gratuitos.
Según informó, a la fecha los delitos con mayor recurrencia en esta entidad federativa son en materia ambiental, atendiendo a que la actividad principal de la población maya del estado es el sector primario, que es la agricultura básicamente. También está la pesca.
Un choque cultural
Uitz Puga consideró que muchos de estos delitos surgen de la necesidad de la comunidad de realizar prácticas tradicionales, como la milpa y la recolección de recursos naturales, que se ven en conflicto con las leyes ambientales.
“Por ejemplo, las prácticas tradicionales de la milpa, que incluyen el sistema de roza, tumba y quema, son fundamentales para la subsistencia de la población maya, pero entran en conflicto con el derecho positivo”.
El defensor público señaló que esa situación provoca “un choque entre las costumbres del pueblo maya, que son parte de su derecho consuetudinario, y las regulaciones legales que prohíben ciertas prácticas”.
Al trabajar la milpa como lo han hecho desde hace ya muchas generaciones, violan la Ley Federal de Equilibrio Ecológico y el Código Penal Federal, por la cuestión de las quemas, que legalmente incurren en el cambio de uso de suelo, precisó.
“Lo que hacen de la roza, tumba y quema es siempre para la milpa, pero lo que pasa es que en el derecho positivo el cambio de uso de suelo que se hace en un área forestal, su vocación es forestal, pero si tiras o tumbas estás cambiando la vocación de esa área. Entonces es cambio de uso de suelo.
Ahí se viola esta ley, el Código Penal Federal. Aunque al final sea siempre para milpa”.
Este es el cambio que se le da a la vocación del suelo, apuntó, y para eso se requiere autorización de las autoridades ambientales.
El Código Penal Federal lo establece, pero como se ha expuesto, incluso existe ya jurisprudencia para valorar las prácticas culturales de las poblaciones indígenas.
“Puedo dar como referencia autoridades muy sensibles en el ámbito judicial federal que empezaron a marcar criterios que deben seguir los ministerios públicos y jueces federales de cómo juzgar con perspectiva intercultural esta situación. Un magistrado ya en retiro, Vicente Monroy del Tribunal Unitario del Cuarto Circuito, pudo sentar brechas vanguardistas para garantizar los derechos de los pueblos y comunidades mayas de Yucatán”.
El entrevistado indicó que precisamente eso es lo que apoya los criterios que la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido a favor de los pueblos indígenas.
Situación en Yucatán
De los otros tres casos que atendieron en estos dos años, dio a conocer que dos fueron por peculado y otro por falsificación de documentos, de los primeros por supuesta mala aplicación de los recursos públicos, los cuales están en trámite.
Sobre el asunto del documento falso, fue una persona que siguió un juicio agrario y se le imputa que usó documentación falsa dentro del proceso, aunque se pudo acreditar que efectivamente esta persona no fue quien la utilizó.
Además, recordó que hay un caso de narcomenudeo; sin embargo, sigue su proceso fuera de la cárcel, fue el último delito en esta materia federal imputado a una persona indígena el año pasado.
Se trata de una persona originaria de Chemax, a quien se le privó la libertad por prisión preventiva oficiosa por posesión de marihuana con fines de comercio.
El entrevistado compartió que aquel estuvo recluido, pero se resolvió el conflicto mediante un procedimiento abreviado y salió en libertad.
Él goza de libertad y su asunto está siguiéndose desde afuera, en materia de ejecución penal, dando cumplimiento a los compromisos adquiridos con la autoridad judicial.
“Por eso insistimos que hoy por hoy solo existe un mayahablante que ya compurgó la mitad de su sentencia y se le tramita su libertad anticipada”.