En opinión de Gina Villagómez Valdés, investigadora social de la Universidad Autónoma de Yucatán (Uady), la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) debe conocer a la perfección los circuitos del narcotráfico y narcomenudeo de cada municipio del estado, aunque a la fecha no se rompen las cadenas de suministro.
Subrayó que las sustancias ilegales detonan que ocurran feminicidios en Yucatán.
“Hay aumento en el consumo de drogas en el Estado incluso en la población menor de edad. Los feminicidios y la violencia extrema contra mujeres tienen un origen cultural de patriarcado y misoginia, pero el detonante de un feminicidio generalmente está vinculado al alcohol y drogas. Mientras el narco siga creciendo, crecerá la violencia contra las mujeres y los feminicidios”, advirtió.
Manifestó la falta de atención a la violencia por parte de la Secretaría de las Mujeres (Semujeres), debido a que dejó de brindar acompañamiento a los casos denunciados y “ya no hay apoyo para promover la denuncia de violencia”.
“En el último año, esta instancia de gobierno dejó de llevar los casos de mujeres que ya tenían expedientes por violencia económica, vicaria, psicológica y sexual, así como casos de divorcios, custodias y manutención. Los casos se cayeron por falta de acompañamiento jurídico del gobierno del estado. Dejaron solas a las mujeres. Sin apoyo institucional, las violencias y feminicidios se incrementarán. Esta medida fue tomada por la Federación”, comentó.
De las propuestas para combatir este problema grave, la entrevistada sugirió que, una víctima de violencia nunca debe de volver con el agresor y debe ampliarse la cobertura de protección de mujeres a través de refugios que ofrezcan oportunidades para la autonomía de las víctimas de violencia.
Sin refugios
“A la fecha no hay refugios para mujeres víctimas de violencia extrema en Yucatán, excepto en Mérida. En caso de ser menor de edad es preciso diseñar programas de cobertura más amplia hasta la mayoría de edad o mientras esté estudiando, subsidio de renta, microcréditos para el emprendimiento y reparación del daño, que debe ser proporcionado por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV)”, señaló.
La investigadora dijo que, esta comisión debe garantizar la reparación integral del daño a víctimas de feminicidio, “lo que incluye restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición, buscando restaurar el proyecto de vida de las víctimas y sus familias mediante planes personalizados, financiamiento del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARI) y coordinando con otras instancias para asegurar justicia y verdad”.
Consideró que un factor clave en la vulnerabilidad de las mujeres frente a la violencia es la falta de una política educativa en salud sexual y reproductiva, no solo informativa y formativa en las escuelas.
Enfatizó es importante contar con unidades médicas de control para prevenir embarazos inesperados, las cuales también serían necesarias para el apoyo emocional a mujeres que están en situación de violencia.
“Es preciso activar adecuadamente la NOM-046-SSA2-2005, que es la norma oficial mexicana clave para atender violencia familiar y sexual”, explicó.
“Esta norma establece que la violación es una urgencia médica y garantiza la atención integral a víctimas, incluye anticoncepción de emergencia y aborto seguro en caso de violación, derechos que Yucatán debe aplicar para proteger a las mujeres, niñas y adolescentes, y garantizar el acceso a servicios de salud en estas situaciones”, afirmó.
Ruta NAME en Yucatán
Asimismo, la especialista sugirió activar la Ruta NAME en Yucatán, que es una estrategia gubernamental para la detección, atención y protección integral de Niñas y Adolescentes Madres y/o Embarazadas (NAME) menores de 15 años, buscando coordinar instituciones (salud, DIF, entre otras) para garantizar sus derechos, brindarles acompañamiento psicológico, médico y social, y prevenir el embarazo adolescente, especialmente en zonas vulnerables, sumándose a un esfuerzo nacional.
Desde su punto de vista y experiencia, la Fiscalía actualizó sus protocolos para el registro de feminicidios, de manera que cada vez será más difícil repetir los errores del pasado. Aun así, hay grupos de la sociedad civil para dar seguimiento a los casos de feminicidio.
De igual manera, la Fiscalía ya cuenta con una amplia oferta de cursos de prevención del delito y violencia que ya están implementando en el interior del Estado dirigidos a población estudiantil, docentes y funcionarios públicos, contra este problema grave.