El gobierno del Estado, el Ayuntamiento de Mérida y el Poder Judicial coincidieron en que 2026 será clave para afianzar el crecimiento con planeación, finanzas sanas y cercanía con la ciudadanía.
Para el gobernador Joaquín Díaz Mena, 2026 será “un año de consolidación plena para el Renacimiento Maya en Yucatán, y de continuidad en los resultados que Yucatán ya viene experimentando con mayor profundidad y alcance territorial”.
Díaz Mena señala que Yucatán crece actualmente con un rumbo claro y un gobierno cercano. En sus palabras, el año 2026 permitirá ver un Yucatán más fuerte institucionalmente, con mayor infraestructura operando y más inversión productiva instalada, lo que se traducirá en mejores condiciones de vida.
“En nuestra visión, el desarrollo no está concentrado ni improvisado: se está distribuyendo, llegando a Mérida y también al interior del estado, apoyando el renacimiento del campo y la pesca, fortaleciendo comunidades y reduciendo brechas históricas”, apuntó.
Para el mandatario, el Renacimiento Maya en 2026 será una forma de gobierno consolidada que demuestra que es posible modernizarse sin perder la esencia ni romper el tejido social.
Al profundizar en las expectativas para dicho año, el gobernador espera un período de trabajo intenso y resultados sostenidos.
Puerto de altura en Progreso y el Tren Maya
Los proyectos estratégicos, como la ampliación del Puerto de altura de Progreso y el Tren Maya de carga, no son vistos como acciones aisladas, sino como parte de una “arquitectura de desarrollo” que garantiza consistencia.
Además, subraya la importancia de programas sociales con rostro humano, como “Mujeres Renacimiento”, que apoya a más de 10 mil madres autónomas, y “Juventudes Renacimiento”, que busca evitar la deserción escolar de miles de alumnos de la Uady y el Tec de Mérida. Esta visión, recalca, se fortalece mediante la coordinación con el gobierno de México y la presidenta Claudia Sheinbaum.
Un año de orden para Mérida
Para la alcaldesa Cecilia Patrón Laviada, 2026 debe ser el año del orden. Su visión se centra en una ciudad funcional donde la obra pública se encuentre con la justicia social.
“Primordialmente con orden. Mejores calles en toda la ciudad, ampliación del cambio a luminarias LED, más áreas verdes y el inicio del primer corredor verde de Mérida”, explica sobre sus prioridades.
Cecilia Patrón sostiene que el orden es la base de la convivencia y que esto requiere de una sociedad que exija sus derechos, pero que también cumpla sus obligaciones.
En este sentido, 2026 será el año en que se consolide el Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, una herramienta técnica construida con expertos y ciudadanos para dar rumbo al crecimiento de la ciudad.
La alcaldesa proyecta una presencia permanente en las calles, colonias y comisarías, asegurando que su administración invertirá de manera responsable el dinero de los ciudadanos en lo básico, reconociendo que el estado de las vialidades es hoy una necesidad indispensable.
La visión de la alcaldesa para el 2026 es la de una ciudad con reglas claras que atraiga inversión y genere empleos, pero sin descuidar el bienestar humano.
“Empoderamos a las mujeres, impulsamos a las juventudes, cuidamos a las personas mayores, incluimos a todas y todos y garantizamos los derechos de nuestras niñas y niños, para que el crecimiento de la ciudad se traduzca en bienestar para cada familia”, señala. El reto, a su juicio, es que el desarrollo sea sostenible y que no deje a nadie atrás, evitando presiones futuras que puedan derivar en desigualdad.
Sistema judicial en Yucatán
En el ámbito de la justicia, la magistrada Erika Torres López, presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, visualiza 2026 como una etapa de retos y oportunidades tras la reforma institucional del estado.
El objetivo central es fortalecer la primera instancia de justicia, mejorando la infraestructura y el personal para agilizar los trámites.
Uno de los puntos más destacados de su plan es la aplicación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, un proceso que deberá quedar plenamente consolidado en 2027 y tendrá en 2026 su fase crítica de preparación.
La magistrada también hace énfasis en la inclusión y el acceso equitativo a la justicia para la población mayahablante. El proyecto de contar con intérpretes certificados dentro del propio Poder Judicial busca reducir los costos para la ciudadanía y garantizar que la lengua no sea una barrera para la ley.
“Tenemos plena conciencia de la responsabilidad que asumimos y de las altas expectativas de la ciudadanía, particularmente en un contexto inédito en el que las magistraturas fuimos electas mediante el voto directo”, menciona Erika Torres, subrayando el compromiso con la transparencia y la eficiencia.
A la pregunta de cuál es el mayor reto para 2026 para garantizar que el crecimiento de hoy no se convierta en una crisis de recursos o de deuda, el gobernador Díaz Mena señaló que es sostener el crecimiento con finanzas sanas.
“Yucatán hoy tiene estabilidad financiera gracias a decisiones responsables ya tomadas: control del gasto, priorización de la inversión productiva, corresponsabilidad y una política de cero corrupción que protege cada peso público”.
El dinero público en Yucatán tiene destino, propósito y supervisión, agregó. “El compromiso para 2026 es claro: seguir creciendo, seguir invirtiendo y seguir gobernando con responsabilidad, para que el bienestar de hoy sea también el de las próximas generaciones”.
Para la presidenta municipal, el mayor reto es darle orden al desarrollo, que sea sostenible en el tiempo y que priorice a quienes habitan en la ciudad.
“Ordenar la ciudad permite planear mejor la infraestructura y los servicios, cuidar los recursos públicos y asegurar que cada inversión tenga impacto social. Crecer sin planeación cuesta más, crecer con orden protege el patrimonio de los meridanos.
“Además, mantenemos una administración responsable y disciplinada, que toma decisiones con visión de largo plazo y evitar endeudamientos innecesarios, para que el desarrollo de hoy se traduzca en bienestar y no en problemas para las próximas generaciones”.
Para la magistrada Érika Torres, el reto es ofrecer los resultados que la ciudadanía demanda, fortaleciendo así la confianza institucional.
“Nuestra responsabilidad es administrar y utilizar de manera eficiente los recursos públicos que nos han sido conferidos, con el objetivo de brindar mejores servicios a la población”.
“Para este propósito se está considerando para el próximo año la implementación, por etapas, del expediente digital, acción que contribuiría a agilizar muchos de los trámites. Es por ello que, para 2026 se ha planteado un presupuesto razonable, responsable y acorde con las condiciones económicas que prevalecen tanto en el estado como en el país”, señaló.