Con el nuevo padrón de asesores se buscará regular mejor el comercio de inmuebles en Yucatán, incluso ante publicidad que pueda resultar engañosa, comparte Claudia Patricia Pérez Aguilar, presidenta de la Asociación Mexicana de Profesionistas Inmobiliarios (AMPI) en Yucatán 
Los trabajos de una empresa inmobiliaria en Valladolid hace años
Con el nuevo padrón de asesores, la escuela y la ley que se implementará, garantizaremos que las compraventas inmobiliarias cuenten con la certeza jurídica necesaria, señaló Claudia Patricia Pérez Aguilar, presidenta de la Asociación Mexicana de Profesionistas Inmobiliarios (AMPI) en Yucatán.
“Además, los asesores tendrán responsabilidades específicas que antes no existían, asegurando así un mayor control en el sector, incluso con castigos como multas a quienes no actúen correctamente”,
Al opinar sobre el reciente anuncio referente a las escuelas de formación profesional y su impacto en la seguridad jurídica del patrimonio inmobiliario, la presidenta destacó la importancia de alinear el crecimiento del mercado inmobiliario con un marco regulatorio adecuado. Existe una fuerte necesidad de planificación adecuada y reglas claras para asegurar un desarrollo sostenible.
“Mérida y Yucatán crecen de manera acelerada, y eso atrae tanto a inversionistas como a personas que buscan establecerse aquí. La demanda de vivienda, así como de productos comerciales e industriales, ha creado la necesidad de un ordenamiento en la intermediación inmobiliaria”, dijo .
En días pasados, el Diario dio a conocer, por información del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán (Insejupy), que esta institución autorizó a siete “escuelas” de asesores inmobiliarios y publicó la lista de cursos que imparten.
Al respecto, Claudia Pérez dijo que “este anuncio es el resultado de un esfuerzo de varios años para regularizar el mercado inmobiliario. La demanda de vivienda, así como de productos comerciales e industriales, ha creado la necesidad de un ordenamiento en la intermediación inmobiliaria”.
La presidenta explicó que el riesgo de operación para quienes compran o venden propiedades radica en la falta de certeza jurídica.
“El Insejupy es una de las fuentes más confiables a nivel nacional para consultar el historial de los predios, pero muchas personas no saben que existe. Es vital que los profesionales inmobiliarios tengan el conocimiento necesario para garantizar que el patrimonio de sus clientes esté protegido”, enfatizó.
La entrevistada también destacó la corresponsabilidad de todos los actores involucrados en una transacción inmobiliaria.
“El vendedor, el comprador y el profesional inmobiliario deben trabajar juntos para asegurar que toda la documentación esté en regla. Esto incluye permisos de habitabilidad y otros documentos necesarios para una venta segura”, explicó.
A una pregunta sobre las garantías de que las malas prácticas no se repitan, la dirigente mencionó que no existen garantías absolutas, pero sí mecanismos que reducen el riesgo. “La capacitación obligatoria en aspectos legales y fiscales, la visibilidad pública de quienes están certificados y la posibilidad de sanciones administrativas, como multas, son algunas de las principales medidas”, explicó.
Advirtió sobre los riesgos que persisten si asesores no certificados continúan operando. “El principal riesgo es la asimetría de información, lo que puede llevar a operaciones sin verificación jurídica adecuada y conflictos posteriores. Por ello, la transición debe ir acompañada de información pública clara que permita a la ciudadanía identificar a asesores certificados”, argumentó.
La presidenta recalcó que la certificación debe ser una herramienta de protección patrimonial y no solo un distintivo comercial. “La certificación tiene valor si se acompaña de contenidos técnicos exigentes y evaluación real de competencias. Desde AMPI Mérida, insistimos en que la profesionalización debe ser un pilar en el sector”, afirmó.
Certificación y protección
Sobre cómo evitar que la certificación se convierta en un trámite administrativo sin impacto real en la prevención de fraudes y malas prácticas inmobiliarias, la profesionista citó dos vías: la calidad de los temarios y los cursos que se imparten.
“No se trata de cumplir por cumplir las horas, que son 50 de capacitación, lo equivalente a un diplomado. La calidad de la información que se dé, quién la da, quiénes son los instructores, cómo se evalúa, es importante para poder regularizar y que no sea simplemente ir y comprar o cumplir con las horas”, indicó.
La segunda vía, continuó, es la concienciación de quienes están en la labor inmobiliaria. “Esa concienciación es muy importante. A veces implica educar sobre el impacto que va a tener una decisión mal informada, no solo para quien está vendiendo, sino para toda la sociedad y para todo el estado”, destacó.
Al abordar los riesgos que persisten para compradores y vendedores, Claudia Pérez Aguilar mencionó que aún hay un camino por recorrer antes de que el nuevo sistema de capacitación esté completamente implementado.
“Queremos que este proceso sea ágil. Aunque la NOM-247 ya está en efecto y protege al consumidor, todavía hay un panorama similar al que hemos tenido. Las quejas y reclamaciones pueden presentarse ante Profeco, lo que garantiza que el usuario tenga voz en caso de incumplimientos”, afirmó.
Ya existen medidas de protección: la Profeco y la NOM-247, que vigila precisamente que haya una carta de derechos. “Este es un año de mucha observancia para nuestro sector inmobiliario, porque no solo es la implementación de la ley. Toda la regulación a través de Profeco con la NOM-247 sobre cómo intermediar entra hasta en la publicidad.
“Te dice que no puede haber publicidad engañosa, tendenciosa o inadecuada a lo que te van a entregar. Tiene que haber una leyenda. Si estás viendo una foto de un predio que tiene muebles, pero no te lo van a entregar con muebles, debe indicarse. Entonces, la NOM se va hasta ahí”, explicó.
Por eso, la presidenta hizo un llamado a la sociedad para que busquen asesores profesionales en la intermediación inmobiliaria, ya sean miembros de AMPI o no, pero que actúen de manera ética y competente. “Es esencial que quienes participen en estas transacciones estén debidamente capacitados y certificados, para evitar fraudes y malas prácticas”, subrayó.
Al resaltar la importancia de la vigilancia y la calidad en la formación de los asesores inmobiliarios, remarcó que “la capacitación no debe ser solo un trámite administrativo. Debemos asegurarnos de que los cursos sean de alta calidad y que los instructores sean competentes. Esto no solo beneficiará a los asesores, sino también a toda la sociedad”.