El Congreso del Estado aprobó ayer por unanimidad una reforma al Código Penal de Yucatán para endurecer las consecuencias del incumplimiento de la pensión alimentaria y garantizar que las víctimas reciban una reparación integral del daño.
La modificación busca que, además del pago de los alimentos vencidos, quienes incumplan esta obligación cubran los gastos que las madres o tutores asumieron para sostener a los menores mientras se exigía el cumplimiento de la ley.
La reforma estableció que, al resolverse estos casos, la reparación del daño deberá considerar no solo el monto de la pensión adeudada, sino también gastos derivados de deudas adquiridas para la manutención de los hijos, pagos de asesoría jurídica particular u otros costos generados durante el proceso para exigir el pago.
Se fijó que la acción penal solo podrá extinguirse cuando exista certeza por parte de la autoridad judicial de que el daño ha sido reparado de manera integral.
La iniciativa fue presentada por el diputado de Morena, Wilmer Monforte Marfil, quien señaló que la reforma responde a una realidad que afrontan muchas familias, especialmente mujeres que se ven obligadas a asumir solas los gastos del hogar cuando la pensión alimentaria no llega.
El legislador celebró que otras fuerzas políticas se sumaran a la propuesta y subrayó que el objetivo es que las consecuencias del incumplimiento no recaigan únicamente en quienes deben cubrir los gastos de los menores.
“Discutimos una reforma que fortalece algo muy sencillo de entender, pero muy profundo en sus consecuencias. El derecho de las niñas, los niños y adolescentes a recibir alimentos y el derecho de las madres a que la ley realmente les garantice la justicia. Porque cuando hablamos de pensión alimentaria, no hablamos de un mero trámite”, afirmó.
Durante su intervención, Monforte Marfil explicó que detrás de los procesos legales por pensión alimentaria hay historias de familias que enfrentan dificultades económicas para cubrir necesidades básicas. Añadió que la reforma establece con claridad que pagar tarde no basta para resolver el daño causado.
El diputado Gaspar Quintal Parra, del PRI, respaldó el dictamen y destacó que el fortalecimiento del marco jurídico es necesario para proteger los derechos de la niñez. Indicó que el incumplimiento de las obligaciones alimentarias es un problema social que afecta directamente a niñas, niños y adolescentes, por lo que la reparación del daño no puede limitarse a cubrir lo que se dejó de pagar.
“La reparación del daño no puede limitarse a un cálculo económico del pasado. No basta con cubrir lo que se dejó de pagar. La justicia exige también evitar que la violación vuelva a ocurrir”, dijo.
El legislador compartió que su bancada propuso incorporar medidas que ayuden a prevenir que el incumplimiento se repita, entre ellas la posibilidad de exigir garantías que aseguren el pago futuro de la pensión.
“En la práctica judicial, el delito de incumplimiento de obligaciones alimentarias ocurre con frecuencia y es una realidad preocupante. El deudor paga realmente lo adeudado para evitar las consecuencias penales y posteriormente vuelve a incumplir. Esta dinámica perpetúa la vulneración de derechos y coloca a las niñas, niños y adolescentes en una situación de incertidumbre permanente”, recalcó para luego añadir que el objetivo es que la reparación del daño tenga un enfoque preventivo.
Tras la aprobación del dictamen, el Poder Judicial del Estado de Yucatán reconoció la decisión del Congreso al considerar que representa un paso importante para fortalecer la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como para mejorar el acceso a la justicia de quienes enfrentan procesos para exigir el pago de la pensión alimentaria.
Además se aprobaron reformas en materia de derechos de las mujeres y salud pública.
Entre ellas, un dictamen que modifica la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para incorporar principios como libertad económica, interseccionalidad, interculturalidad y debida diligencia.
La diputada de Morena, Naomi Peniche López, sostuvo que el objetivo es fortalecer las herramientas institucionales para apoyar a mujeres que viven situaciones de violencia.
“Estamos aquí no solo para aprobar o no un dictamen. Estamos aquí para construir una salida para aquellas mujeres víctimas de violencia. La libertad de una mujer comienza con su capacidad de decidir sobre su propio destino”, aseguró.
También enfatizó que muchas mujeres permanecen en relaciones violentas debido a la dependencia económica.
“La violencia económica es la cadena invisible que amarra a una mujer a su agresor. Es el miedo a no saber qué comerán sus hijos mañana si ella decide poner un basta hoy mismo”.
La diputada del PAN Ana Cristina Polanco Bautista coincidió en la necesidad de fortalecer la autonomía económica de las mujeres como parte de la lucha contra la violencia.
“Desde la fracción legislativa del Partido Acción Nacional queremos iniciar reconociendo y celebrando la iniciativa que hoy se somete a consideración de este pleno, pues aborda, entre otros, un tema fundamental, la libertad económica de las mujeres libres de violencia”, expresó.
Durante la sesión también se aprobó un dictamen en materia de salud que prohíbe la venta, distribución y publicidad de alimentos ultraprocesados en escuelas de la entidad. La medida forma parte de cambios a la Ley de Salud, la Ley de Educación y la Ley de Nutrición y Combate a la Obesidad.
El diputado de Morena José Julián Bustillos Medina dio a conocer que la reforma busca impulsar hábitos alimenticios más saludables entre los estudiantes y fortalecer el consumo de productos locales.
De acuerdo con el legislador, la intención es “sustituir lo dañino por lo nutritivo, lo industrial por lo local”, además de revisar lo que se vende en las cooperativas escolares y reforzar la educación nutricional desde las aulas.
El diputado de Morena Eric Quijano González presentó una iniciativa con proyecto de decreto mediante la cual se propone reformar la ley de educación del Estado de Yucatán, la ley para la igualdad entre mujeres y hombres del Estado de Yucatán, específicamente en materia de masculinidad corresponsable.
A su vez, la diputada panista Manuela Cocom Bolio presentó una iniciativa con proyecto de decreto para modificar diversas disposiciones al Código de la Administración Pública de Yucatán y a la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán en materia de inclusión laboral a las personas trans en el Estado.
El decreto, puntualizó, plantea que el gobierno del Estado y los ayuntamientos de Yucatán destinen al menos el 2% de las vacantes disponibles en los procesos de la administración pública a la contratación de personas transgénero y diversidad de género.
En Asuntos Varios hicieron uso de la voz las diputadas Alba Cob Cortés y Claudia Estefanía Baeza Martínez, esta última se encargó de enumerar las acciones que encabezó el gobernador en días pasados. También hablaron Quintal Parra, Bayardo Ojeda Marrufo, de Morena, y Larissa Acosta Escalante, diputada de MC.