Claudia Pérez Aguilar, presidenta de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) en Mérida, señala que el crecimiento de la capital ha sido más rápido que la producción de vivienda accesible.
“La administración estatal proyecta 50,000 acciones, pero no serán suficientes para cubrir la demanda real, especialmente en la zona metropolitana”, advierte.
Al hablar sobre el déficit de vivienda y accesibilidad en Yucatán, la empresaria afirma que la brecha no es solo de cantidad, sino también de precio y accesibilidad, el déficit habitacional en el estado refleja un problema nacional que requiere atención urgente.
“Existe una presión real en el segmento de vivienda económica, y este fenómeno no es exclusivo de Yucatán. A nivel nacional, la Conavi ha documentado un déficit habitacional que oscila entre ocho y nueve millones de viviendas, considerando rezago, hacinamiento y vivienda inadecuada”, explica.
En una entrevista con el Diario, Claudia Pérez menciona que “el Programa de Mediano Plazo de Vivienda 2025-2030 del propio gobierno del Estado reconoce aproximadamente 170,000 familias sin vivienda propia”, y advierte que las 50,000 acciones proyectadas por la administración estatal no serán suficientes para cubrir la demanda real, particularmente en la zona metropolitana de Mérida.
También revela que Yucatán creció 18.7% entre 2010 y 2020.
“Este crecimiento poblacional sostenido, la migración interna y el encarecimiento del suelo han generado una brecha entre oferta disponible y accesibilidad real”, subraya.
“En términos técnicos, el déficit se concentra en vivienda bien ubicada, con servicios y a precios compatibles con ingresos locales. Solo uno de cada cinco yucatecos puede adquirir una vivienda sin comprometer más del 30% de su ingreso mensual. Eso es el retrato más fiel del problema”.
La titular de la AMPI identifica varios factores que complican la construcción de vivienda económica en Mérida.
“El costo del suelo ha incrementado entre un 8% y 12% anual en zonas consolidadas. En 2015 producíamos alrededor de 7,500 viviendas económicas al año; hoy esa cifra ha caído a 2,100”, detalla.
“Estamos hablando de una contracción de más del 75% en una década. Y eso no ocurrió por falta de demanda, sino por inviabilidad financiera”, indica.
El incremento en el precio de los terrenos ha llevado a los desarrolladores a ajustar sus productos al mercado que puede absorber esos costos. “Zonas como Temozón Norte han visto un aumento del 22% en el valor del suelo entre 2022 y 2024. Ningún esquema de vivienda social puede absorber ese ritmo de encarecimiento sin apoyo externo”.
Claudia Pérez destaca que la solución no puede depender únicamente de los desarrolladores.
“Es esencial que la política pública cree condiciones que protejan la ecuación financiera de quienes quieren producir vivienda accesible”, propone. “Necesitamos reservas territoriales a un precio regulado, densificación normativa, y agilización de trámites”.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA
Apoyos Vivienda en Yucatán
La presidenta de la AMPI en Mérida, Claudia Pérez Aguilar, habla sobre el Infonavit.
Créditos
La dirigente indica que, aunque el Infonavit sigue siendo un pilar del sistema habitacional, enfrenta retos significativos. “El crédito que otorga a los trabajadores de menores ingresos ronda entre 280,000 y 320,000 pesos, mientras que la vivienda más económica en Yucatán cuesta alrededor de 500,000 pesos. La brecha entre capacidad crediticia y precio es estructural”, explicó.
Mercado contraído
En su opinión, el mercado está respondiendo en forma eficiente en segmentos medios y altos, pero el segmento económico enfrenta un reto estructural. Esto confirma algo que desde AMPI hemos señalado con claridad: la vivienda ya no es solo un tema de mercado; es un tema urbano, social y de política pública. “Estamos hablando de una contracción de más del 75% en una década. Y eso no ocurrió por falta de demanda, sino por inviabilidad financiera”.