Los diputados locales Roger Torres Peniche, Gaspar Quintal Parra y Javier Osante Solís opinan sobre el plan b que aprobó el Congreso del Estado, con el cual el Poder Legislativo yucateco contribuyó para que estas reformas sean norma nacional.
Torres Peniche, coordinador de la fracción parlamentaria del PAN, quien votó en contra, califica estas modificaciones como un ajuste administrativo y coincide con Osante Solís, coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano, en cuanto a la forma.
Sobre el fondo tienen discrepancias porque el panista sostiene que es un debilitamiento institucional y no incluye el combate a la intervención del narcotráfico en la política mexicana.
El emecista, quien votó a favor, recalca que estas normas legislativas acabarán con los privilegios de altos sueldos de funcionarios, generarán un ahorro de alrededor de $2 millones en Yucatán que se podrá invertir en obra pública y solo afectará al Ayuntamiento de Mérida, debido a que tendrá que reducir el número de regidores a 15 integrantes.
Falsedad
Gaspar Quintal, diputado del PRI, también votó en contra y señala que es una falsedad el argumento de austeridad en que basan la reforma, pues el partido gobernante Morena tiene congresos estatales que superan el gasto tope que establece esta ley.
Además, debilita el sistema político y transgrede la autonomía municipal.
Los diputados respondieron las siguientes preguntas que le formula el Diario para conocer sus opiniones tras la aprobación de la minuta del plan b que remitió la Cámara de Diputados al Congreso yucateco, que la aprobó con rapidez.
- 1. ¿Cuál es la lectura que le da?
- 2. ¿En qué consiste exactamente el llamado plan b aprobado en Yucatán y cuáles son sus puntos clave?
- 3. ¿Qué problemas busca atender este plan y por qué surge en este momento?
- 4. ¿Cómo se diferencia este plan b de otras reformas o estrategias previamente impulsadas en el estado?
- 5. ¿Qué actores políticos se ven beneficiados o afectados con este plan?
- 6. ¿Cómo impactará este plan en la vida cotidiana de los ciudadanos?
- 7. ¿Existen sectores que podrían verse más afectados o beneficiados directamente?
En otras entregas informativas se publicarán las opiniones de cada diputado sobre esta reforma electoral que fracasó en su planteamiento original y pretendía incluir la revocación de mandato de la presidenta Claudia Sheinbuam Pardo, con lo cual ella podría participar en la campaña electoral de 2027.
El Plan b: opinión del PAN
Torres Peniche afirma que la lectura política que tiene sobre el plan b presidencial es que no es una reforma electoral de fondo, sino un ajuste administrativo con implicaciones políticas relevantes.
Un elemento clave de esta reforma, detalla, el componente más sensible fue la revocación de mandato que quedó fuera del núcleo final de la discusión, lo que confirma que el objetivo original no prosperó. Esto deja una reforma que pierde su eje central y se convierte en un conjunto de modificaciones parciales.
En ese sentido, la preocupación es doble: por un lado, lo que no se incluyó, como el combate al crimen organizado; y por otro, los riesgos que sí introduce, como el debilitamiento institucional.
Según refiere, el plan b consiste en una serie de modificaciones constitucionales y legales que en los hechos ajustan la integración de los ayuntamientos, eliminando mínimos y estableciendo topes de regidurías. Incorporan criterios de paridad, igualdad sustantiva y perspectiva de género.
También se modifican disposiciones transitorias sobre la aplicación de estos cambios y reordenan aspectos técnicos y normativos.
No obstante, el fondo de la reforma revela que se concentra en la estructura político-administrativa, particularmente municipal, más que en la protección del sistema electoral.
“Como señalé en tribuna (el día de la aprobación): termina hablando más de cuántos regidores debe haber, que de cómo proteger las elecciones”.
“Formalmente, la reforma se presenta bajo el argumento de la austeridad y la reducción de costos en la política. Sin embargo, en los hechos no hay evidencia técnica sólida que acredite ahorros reales”.
“Sí hay una reducción de capacidades institucionales, además, surge en un contexto político relevante: después de procesos electorales marcados por violencia y en la antesala de nuevos ciclos electorales”.
“Y aquí está el punto central: no atiende el principal problema del sistema electoral hoy en México, que es la intervención del crimen organizado”.
Torres Peniche indica que a diferencia de otras reformas que buscan fortalecer la democracia, ésta no fortalece instituciones, no amplía derechos de manera sustantiva, no mejora condiciones de competencia.
En cambio, se centra en reorganizar estructuras, ajustar cargos, redefinir integración de órganos locales. No es una reforma de profundización democrática, sino de reconfiguración política.
Desde su punto de vista, la reforma tiene varios impactos y afectaciones, principalmente en los gobiernos municipales al reducir su margen de decisión y autonomía, por tener minorías políticas y ante posibles reducciones en la pluralidad de representación, instituciones electorales y al disminuir capacidades operativas.
En cuanto a supuestos beneficios, puntualiza que el principal son las mayorías políticas, al simplificarse estructuras de representación, y lógicas centralizadoras de poder, al concentrar decisiones en niveles superiores.
En síntesis, sostiene, el riesgo es que se debiliten contrapesos locales y se concentre el poder político.
“El impacto no será inmediato en términos de servicios, pero sí en la calidad de la democracia porque puede haber menos pluralidad en los cabildos”, asegura.
“Se debilitan mecanismos de representación, se compromete la certeza en los procesos electorales si las instituciones pierden capacidad. Cuando reduces capacidades en materia electoral, no ahorras dinero, pones en riesgo la certeza democrática”.
“Los más afectados serán los ciudadanos por una posible menor representación y menor calidad democrática. Los municipios igual resultarán con afectaciones en su autonomía, la oposición y las minorías políticas. En términos generales, esta reforma deja claro que el debate no está en el costo de las elecciones, sino en su integridad”.
“Hoy se ajustan estructuras, pero no se protege el sistema; se reorganizan cargos, pero no se enfrenta el problema real”, reitera.
“Hoy pretenden convencernos de que el problema es cuánto cuesta la elección, cuando el verdadero problema es quién la controla. Y esta reforma no lo resuelve… lo agrava”.
El Plan b: opinión del PRI
Para Quintal Parra, diputado y presidente estatal del PRI, desde la perspectiva de la oposición, la lectura es de “engaño y simulación”.
Percibe el plan b como una estrategia del partido en el poder ( Morena) para imponer criterios desde el centro del país hacia los estados y municipios bajo un falso pretexto de austeridad. Además, señala que el título de la minuta de la Cámara de Diputados es engañoso, ya que menciona “fortalecer la revocación de mandato”, pero no incluye cambios reales al artículo 35 constitucional que regula dicho proceso.
El priista recuerda que la reforma aprobada se centra en la modificación de los artículos 115, 116 y 134 de la Constitución. Sus puntos clave son: Reducción de Ayuntamientos: Limita la integración a un Presidente Municipal, una Sindicatura y un máximo de 15 regidurías.
- Tope Presupuestal Legislativo: El presupuesto de los congresos locales no podrá exceder el 0.70% del presupuesto de egresos del estado.
- Ajustes en el Senado: Una reducción progresiva del 15% del presupuesto de la Cámara Alta para el año 2030.
- Control de Salarios: Ningún funcionario electoral (INE, tribunales o institutos locales) podrá ganar más que la Presidenta de la República.
- Eliminación de Prestaciones: Se prohíben seguros de gastos médicos privados y de vida, cajas de ahorro especiales y regímenes de retiro fuera de la ley.
¿Qué problemas busca atender y por qué surge ahora?
“El discurso oficial busca combatir lo que denomina ‘privilegios’ y ‘despilfarro’ en las administraciones locales y órganos autónomos”, responde.
“Surge en este momento como una medida de ‘austeridad’, aunque el documento critica que la reforma ignora el despilfarro en el propio gobierno federal y la eliminación previa de recursos para infraestructura municipal desde 2018.
¿Cómo se diferencia de otras estrategias previas?
“La diferencia fundamental radica en la ‘centralización del control presupuestal’”, dice.
“A diferencia de reformas anteriores que respetaban la autonomía estatal”, indica, “este plan faculta a la Cámara de Diputados federal para realizar ajustes directos en los presupuestos de las entidades federativas y sus autoridades electorales, lo cual se considera una vulneración directa al federalismo”.
Los más afectados serán los ayuntamientos y congresos locales, dado que pierden autonomía sobre sus presupuestos y su integración política, enfatiza.
También los organismos electorales (INE e institutos locales) cuyas remuneraciones y prestaciones son recortadas drásticamente.
El más beneficiado políticamente es Morena porque utiliza esta reforma para proyectar una imagen de austeridad, a pesar de que 11 de sus propios congresos locales actualmente rebasan el límite del 0.70% que ahora pretenden imponer.
Quintal Parra destaca que, aunque la nueva ley dice que los ahorros en este plan de austeridad serán para infraestructura, no existe certeza real de que se generen o que estos lleguen efectivamente a los ciudadanos, ya que los presupuestos municipales son aprobados por los ayuntamientos y no por los congresos.
Asimismo, percibe un debilitamiento institucional con la reducción de regidurías y el control presupuestal desde el centro del país, podría disminuir la representación política local y la eficacia de las autoridades electorales que organizan los comicios en los estados.
Además, tiene afectaciones en el campo laboral porque si bien la reforma menciona que no se afectarán derechos, la prohibición tajante de diversas prestaciones y seguros de protección humana afecta directamente a los trabajadores de las áreas administrativas y técnicas de los organismos públicos.
Plan b: opinión de Movimiento Ciudadano
Osante Solís, coordinador de la fracción parlamentaria de MC, admite que el partido apoya las reformas del plan b y reitera que es importante que se comprenda que es administrativo, no electoral.
MC lo visualiza como una forma de poner un freno a privilegios que por mucho tiempo hubo para unos cuantos. De aplicarse de la manera adecuada, beneficia a la ciudadanía.
El diputado explica que consiste en modificar algunos artículos de la Constitución mexicana, como es el caso del artículo 115 que se enfoca en la conformación de los cabildos de los municipios. Con esta modificación se limitarían los cabildos a 15 integrantes.
En el caso de Yucatán, únicamente Mérida resultaría afectada, pues reduciría en dos regidores su conformación. Esta reducción representaría en pesos un ahorro anual de millón y medio a dos millones de pesos aproximadamente.
El artículo 116 tiene que ver con el gasto de los congresos estatales, el cual deberá ser como máximo el 0.7% del presupuesto de los estados. En el caso de aquellos que ejercen menos de ese tope, no podrán incrementar su gasto.
“Yucatán está entre los poderes legislativos estatales que están por debajo de ese tope, pues hoy se ejerce el 0.5%. Así que no nos veremos afectados”.
En cuanto a la modificación del artículo 134 aplica a consejeros y magistrados en el sentido de que ninguno gane más que el titular de la Presidencia de la República.
¿Cómo se diferencia este plan b de otras reformas o estrategias previamente impulsadas en el estado?
“Esta es una reforma administrativa, que tiene como objetivo el invertir el ahorro en obra pública, para beneficio de los municipios”.
¿Qué actores políticos se ven beneficiados o afectados con este plan?
“En Yucatán solo el cabildo de Mérida sería impactado con la reducción de dos regidores”.
¿Cómo impactará este plan en la vida cotidiana de los ciudadanos?
“Habrá que ver que se aplique de la manera correcta, tal cual marca la propuesta legislativa. De ser así, habrá más obra pública, lo que se traduciría en mejores calles, iluminación, mantenimiento de áreas públicas; es decir, mejorará la infraestructura municipal”.
“En el caso específico de Yucatán, los que deberán ser beneficiados son los habitantes de Mérida, pues habrá casi dos millones de pesos que se podrán utilizar en obra pública, según marca la propuesta de reforma”, concluye el legislador.— Joaquín Chan Caama