Con motivo de las fechas alusivas a la infancia, activistas en contra de la violencia vicaria colocaron en el parque del barrio de Santiago un “tendedero” para exhibir casos de deudores alimentarios que, denunciaron, continúan sin ser atendidos.
En el lugar fue entrevistada Siloé Fuentes Cardeña, representante de la colectiva Ley Sabina Contra Deudores Alimentarios Yucatán y una de las organizadoras de la actividad.
Sobre los acercamientos con las autoridades para que estos casos sean atendidos y los deudores enfrenten consecuencias reales, señaló:
“Esta administración tiene más clara la simulación de atención, antes eran agresivos con las madres, las reciben y escuchan, pero es como la canción, dicen que sí, pero no dicen cuándo”.
“Hemos tenido muchas mesas de trabajo con personal del Tribunal Superior de Justicia del Estado; no ha habido cambios sustancioles en la impartición de justicia, prácticamente no existe”, remarcó.
La activista insistió en que, aunque existen espacios de diálogo con las autoridades, éstos no se han traducido en acciones concretas que garanticen el cumplimiento de las obligaciones alimentarias.
La activista señaló que ve lejano un cambio en la situación actual y subrayó la necesidad de transformar la atención institucional.
“Mientras no se capacite y sensibilice al personal, no se verán cambios reales”, afirmó, al explicar que por ello recurren a acciones como los tendederos para visibilizar los casos.
El de ayer se instaló poco antes de las 10 de la mañana en el parque del barrio de Santiago, donde en ambos lados se colocaron fichas con denuncias de personas señaladas como deudores alimentarios.
En cuanto a la dimensión del problema, indicó que en 2024 “entre 34 mil y 40 mil (personas) no tienen acceso a una pensión digna, a una ley o protección por los cuidados y tampoco los suben al padrón de deudores; se siguen casando, teniendo pasaporte, sus placas. Se necesita una automatización en el Poder Judicial para que se suba en tiempo y forma”, expresó, al señalar el impacto limitado del registro.
Sobre el padrón de deudores alimentarios, sostuvo que “la realidad es que no sirve, no porque no sea una buena herramienta, sino porque nadie la está ejecutando”.
Esto, dijo, permite que personas con incumplimientos permanezcan fuera del registro incluso tras años sin cumplir con sus obligaciones, pese a que la ley establece un plazo máximo de 90 días para su incorporación.
En su colectivo, dijo, brindan acompañamiento a mujeres que han sido rebasadas por la falta de respuesta institucional y buscan darles visibilidad.
“Tenemos alrededor de 40 mujeres que se han acercado a la comunidad; cuando éstas exponen, aunque sea una vez, a ellos (los deudores) les da vergüenza de que se enteren nuevas parejas, otras parejas abandonadas u otros hijos, entonces corren a pagar, no es cuestión de que no tienen para pagar”, afirmó.
Como ejemplo, mencionó casos en los que, pese a existir una sentencia por 2,800 pesos, el deudor decide pagar solo 2,000 sin que haya represalias.
También se refirió a los montos y tiempos de adeudo: el caso más alto asciende a 7 millones de pesos, mientras que el más antiguo suma 25 años sin que se haya cubierto la pensión.
A su juicio, esto evidencia que en muchos casos el pago no ocurre por responsabilidad hacia los hijos, sino por la presión social al ser exhibidos
En los últimos cuatro años han atendido a alrededor de 3,600 mujeres en el estado, ya sea brindando acompañamiento directo o canalizándolas a otras instituciones cuando los casos no están relacionados con deudas alimentarias.
Además, refirió que los tendederos han resultado una herramienta efectiva para visibilizar la deuda alimentaria y el abandono paterno.— Pablo César May Pech