La reforma del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares tendrá impacto directo en millones de personas al regular las materias que concentran la mayor carga de trabajo en los tribunales, afirma el abogado constitucionalista Miguel Carbonell Sánchez.
“Estamos hablando de asuntos que tocan lo más cercano a la vida de las personas como la familia, el patrimonio, los conflictos cotidianos. Por eso era indispensable actualizar las reglas”, señala.
El también investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México ha participado en el análisis y difusión de reformas legales, con énfasis en temas de justicia, derechos humanos y transformación institucional. Durante su visita a Mérida, el especialista aborda en entrevista con el Diario uno de los cambios más relevantes en puerta, la aplicación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en 2024 se registraron más de 900 mil asuntos familiares y cerca de 635 mil en materia civil, lo que equivale a alrededor de un millón y medio de casos nuevos cada año.
Frente a ello, el nuevo código busca homologar criterios en todo el país, sustituyendo los 32 ordenamientos estatales actuales.
“La cancha se empareja. La calidad de la justicia no debería depender del estado donde vive una persona”, sostiene.
En el caso de Yucatán, Carbonell Sánchez considera que la entidad se encuentra en una posición privilegiada para encabezar la implementación del nuevo modelo, debido a condiciones institucionales y sociales que facilitan la transición.
“Las evaluaciones nacionales colocan a Yucatán como un estado con baja incidencia de corrupción en su Poder Judicial, con menor conflictividad social en comparación con otras entidades”, explica.
Esta combinación, añade, genera un terreno propicio para adoptar de manera anticipada las nuevas reglas y convertirse en referente nacional.
“Me parece que Yucatán es el estado idóneo para encabezar este proceso. Tienen condiciones que otros estados no tienen, lo que les permitiría avanzar con mayor rapidez”, apunta.
El especialista subraya que el reto no es menor. La entrada en vigor plena del código está prevista para abril de 2027, por lo que insistió en la necesidad de planificación gradual.
“No es un cambio que pueda hacerse de golpe”, advierte. “Requiere organización, capacitación y una estrategia clara”.
Entre sus principales recomendaciones para Yucatán destacan:
- Implementación progresiva por regiones o distritos judiciales, comenzando en zonas con menor carga de trabajo para enfrentar la curva de aprendizaje.
- Capacitación intensiva de jueces, litigantes, académicos y personal judicial, para asegurar una correcta aplicación de las nuevas disposiciones.
- Aprovechamiento de la justicia digital como herramienta para ampliar el acceso, especialmente en comunidades alejadas.
- No esperar al último momento, lo que podría generar saturación y errores en la operación inicial.
“El aprendizaje será inevitable. Por eso conviene empezar antes, en espacios controlados, para que cuando llegue la implementación total ya se tenga experiencia acumulada”, explica.
Norma con novedades
El nuevo código introduce transformaciones sustanciales en la forma de litigar. Entre ellas, la consolidación de la oralidad, la presencia obligatoria de jueces en audiencias y la posibilidad de realizar procedimientos a distancia mediante plataformas digitales.
También abarca medidas concretas en materia familiar, como la garantía inmediata de pensiones alimenticias y la unificación del registro de deudores alimentarios morosos a escala nacional.
Además, abre la puerta a procesos más ágiles, incluyendo la posibilidad de realizar ciertos trámites, como el divorcio, ante notario en casos específicos.
Uno de los puntos que el jurista enfatiza fue el papel de la tecnología en la reducción de desigualdades.
“La brecha más difícil no es la digital, es la física. Hay personas que deben viajar horas para atender un juicio. La justicia digital puede eliminar ese obstáculo”, explica Carbonell Sánchez.
En estados con dispersión territorial, esta herramienta podría representar una mejora significativa en el acceso a servicios judiciales, siempre bajo el principio de voluntariedad para las partes.