El diputado del PRI, Gaspar Quintal Parra, afirma que el gobierno del Estado usa como pretexto la crisis del agua potable en Mérida como “fachada humanitaria” para el financiamiento de una obra vial de relumbrón electoral.
También anticipa que impulsará en el Congreso del Estado un cambio de prioridades para que esa crisis, que afecta a miles de usuarios, reciba el mayor recurso del préstamo de 1,500 millones de pesos que pretende el Ejecutivo estatal y en vez de destinar el 75% de los recursos al Anillo Vial Metropolitano.
En esta segunda entrega sobre la opinión de los coordinadores parlamentarios del Congreso del Estado, Quintal Parra responde los cuestionamientos del Diario.
¿El plan “Renacimiento Mérida” es una injerencia directa del gobierno en temas municipales?
“Más que una injerencia legal, el diseño original del plan fue un intento de madruguete político que tuvieron que corregir sobre la marcha. El 9 de junio presentaron el proyecto excluyendo por completo a los alcaldes de la zona metropolitana”, explica.
“Fue el 24 de junio, tras medir el costo político del centralismo en los medios, cuando el gobernador tuvo que recular y convocar a la alcaldesa Cecilia Patrón (Laviada) para ‘coordinar diagnósticos’”.
“Esto demuestra que el plan nació como una imposición vertical desde el Ejecutivo y que la coordinación municipal fue una reacción de control de daños, no una convicción democrática”, sostiene.
¿Considera que este plan responde a las principales necesidades de la capital yucateca?
“No, porque el plan padece de una grave esquizofrenia presupuestal. El 9 de junio el gobierno utilizó una narrativa de shock social: el titular de la Japay nos alarmó diciendo que Mérida ‘está sentada sobre un barril de aguas negras’ por plantas de tratamiento obsoletas”, recuerda.
“Sin embargo, el propio Programa Anual de Obra (PAO) del Incay destapó la realidad el 24 de junio: el 76% del millonario crédito se destinará al asfalto del Anillo Metropolitano (vialidades), dejando menos del 22% para resolver la crisis del agua y la seguridad juntas”.
“Usaron la urgencia del agua potable como fachada humanitaria para financiar una obra vial de relumbrón electoral”, denuncia.
¿Qué acciones del plan considera prioritarias y cuáles cree que deberían replantearse?
“Lo prioritario: la intervención de las plantas de tratamiento de la Japay y la tecnología de inteligencia artificial para la Secretaría de Seguridad Pública”, destaca.
“La infraestructura hidráulica tiene más de 60 años de antigüedad y la paz de las familias no es negociable. Lo que debe replantearse de inmediato: la distribución del dinero y la prisa financiera. Es inadmisible que el presupuesto esté invertido de esta manera (76% a vialidades y menos del 22% a servicios básicos)”.
“Lo que debe replantearse es la seriedad del proyecto: el Ejecutivo estatal no puede pedirle a los ciudadanos que se endeuden a 20 años sin haber publicado una sola carpeta técnica, un análisis de costo-beneficio o un cronograma real obra por obra”.
¿El Congreso estará dispuesto a respaldar los recursos necesarios para ejecutar este plan?
“El PRI representa la experiencia que cuida la viabilidad de Yucatán. No seremos un obstáculo para el desarrollo, pero no aprobaremos un cheque en blanco basado en bocetos”.
“El gobierno del Estado prometió el 28 de mayo un diagnóstico técnico público y cambió la jugada el 9 de junio, abriendo una consulta de 70 días”, recalca.
“Como advierten los académicos de la Uady, autorizar un crédito de 1,500 millones de pesos sin un expediente financiero ejecutivo es un acto de irresponsabilidad que comprometería las finanzas estatales por dos décadas”, subraya.
“Si el gobierno quiere los votos (de los legisladores), primero tiene que entregar los proyectos ejecutivos terminados; el Congreso no legisla sobre promesas de campaña”, puntualiza.
¿Qué mecanismos de transparencia propondrá su bancada para vigilar el uso de los recursos destinados al Plan “Renacimiento de Mérida”?
“Dado el viraje presupuestal que hay en el PAO del Incay, propondremos tres mecanismos:
- 1) Etiquetado Estricto. Candados legales en el decreto de endeudamiento para impedir que los recursos destinados a la salud pública y el agua se transfieran discrecionalmente a pavimentación.
- 2) Mesa de Acompañamiento Técnico Colegiado. Exigiremos la inclusión obligatoria de la Uady, el Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán y especialistas hídricos cuando menos para auditar la viabilidad de cada obra antes de ejercer un solo peso.
- 3) Ventanilla Única de Licitación Abierta. Obligar a que el 100% de los contratos derivados de este crédito se realicen por licitación pública nacional transmitida en vivo, eliminando las adjudicaciones directas fast-track”.
¿Impulsarán la comparecencia de funcionarios para que informen periódicamente sobre los avances del plan?
“Por supuesto, pero con un cambio de enfoque: los llamaremos a comparecer antes de la discusión del crédito en septiembre. Los titulares de Japay, SSP e Infraestructura tienen que explicar al Congreso por qué hay una desconexión tan profunda entre lo que anunciaron en sus discursos y lo que radicaron en las carpetas del Incay”.
“Además, exigiremos que se cumpla de ley el esquema de reportes trimestrales que el propio Ejecutivo prometió al Consejo Consultivo del Presupuesto el pasado 28 de mayo”.
¿Respaldará el plan “Renacimiento de Mérida” o propondrá modificaciones?
“Como partido en renovación que escucha a los ciudadanos y a los sectores productivos (quienes desde el 21 de mayo señalaron no tener claro el destino del dinero), buscaremos modificaciones estructurales profundas”, adelanta.
“No podemos respaldar un plan que formalmente no existe en papel ejecutivo. Vamos a condicionar cualquier debate a que se modifique la fórmula de distribución de los 1,500 millones de pesos, exigiendo que se priorice la salud pública y el acuífero de Mérida sobre la infraestructura vial periférica”.
¿Este plan representa una política pública de largo plazo o una estrategia con fines políticos?
“El plan ‘Renacimiento Mérida’ funciona hoy como un marco discursivo para justificar deuda pública, no como una política de Estado”, considera. “Una política pública de largo plazo no cambia de narrativa en menos de dos semanas”.
“El gobierno estatal prometió originalmente un plan estructurado, pero al verse rebasado por la falta de proyectos ejecutivos el 9 de junio, transformó el plan en una ‘ruta de consulta de 70 días’ que concluye mágicamente a finales de agosto, justo días antes de que inicie el periodo ordinario de sesiones donde pedirán el dinero”.
“Es una estrategia de tiempo para construir en la opinión pública la presión mediática que no pudieron sostener con datos técnicos”.
¿Habría alguna preocupación por este proyecto?
“Nuestra mayor preocupación es la improvisación institucional disfrazada de participación ciudadana”, dice.
“Es alarmante que el gobierno del estado reconozca públicamente el nivel de deterioro del acuífero y de las plantas de tratamiento, pero que al mismo tiempo confiese que no cuenta con los proyectos técnicos y presupuestales para resolverlo”.
“Utilizar la participación social como un escudo para ganar tiempo mientras arman al vapor un expediente de 1,500 millones de pesos pone en riesgo la estabilidad financiera de Yucatán y la seguridad estructural de su capital”, reitera.
“La improvisación cuesta caro, y en el PRI no permitiremos que la paguen los yucatecos durante los próximos 20 años”.