Dos semanas después de haber anunciado su decisión, anteayer miércoles, durante la sesión de la Diputación Permanente del Congreso del Estado, se dio lectura al oficio mediante el cual José Jacinto Sosa Novelo formalizó su renuncia irrevocable como titular de la Agencia de Transporte de Yucatán.
La comisión, presidida por la diputada Naomi Peniche López, también dio entrada al protocolo para realizar una consulta dirigida a personas con discapacidad sobre reformas legales en materia laboral y notarial.
La lectura del oficio de Sosa Novelo al cargo, el cual es designado por el Congreso del Estado, fue el primer asuntó que se abordó en la sesión, que se llevó al cabo por la tarde.
En el documento, fechado el 19 de junio, el funcionario señaló que su renuncia fue presentada “en ejercicio de mi libre voluntad” y agradeció la confianza recibida durante el tiempo que estuvo al frente del organismo.
Asimismo, solicitó al Congreso realizar las actuaciones que correspondan y someter el asunto al órgano legislativo competente para los efectos constitucionales y legales.
Tras la lectura del oficio, la presidenta de la Diputación Permanente ordenó notificar al titular del Poder Ejecutivo estatal para continuar con el procedimiento previsto en la Constitución y la Ley de la Agencia de Transporte de Yucatán.
Protocolo de consulta
La sesión continuó con la entrega del protocolo de consulta dirigido a personas con discapacidad en materia de mejores condiciones laborales y de la Ley del Notariado del Estado de Yucatán, el cual fue turnado a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, y de Salud y Seguridad Social.
El objetivo del mecanismo es garantizar el derecho de las personas con discapacidad a ser consultadas antes de aprobar reformas que puedan afectar sus derechos o su esfera jurídica, en cumplimiento de criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El protocolo busca subsanar omisiones cometidas en legislaturas anteriores, luego de que la Corte invalidó reformas aprobadas en 2021 y 2022 por no haberse realizado una consulta previa a este sector de la población.
Modificaciones
Uno de esos casos corresponde a modificaciones a la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios y a la Ley para la Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que establecían condiciones laborales especiales para servidores públicos con discapacidad, como restricciones al trabajo nocturno y medidas de protección durante emergencias o desastres.
El segundo se refiere a cambios en la Ley del Notariado del Estado, mediante los cuales se buscaba garantizar que las personas con discapacidad tuvieran acceso a los apoyos necesarios para otorgar certeza jurídica a los actos realizados en las notarías.
Según se informó, la consulta deberá cumplir con principios de ser previa, pública, abierta, accesible, informada, significativa y con participación efectiva de personas con discapacidad, con el fin de otorgar legitimidad constitucional a las futuras reformas.