MÉRIDA.- El Congreso del Estado aprobó por mayoría de votos la donación de seis bienes inmuebles del patrimonio estatal, con una superficie conjunta de 56 hectáreas, ubicados en las localidades de Poxilá y Bolón, municipio de Umán, a favor de la empresa de participación estatal mayoritaria Tren Maya S.A. de C.V.
Los terrenos serán destinados al desarrollo del proyecto Tren Maya y, de acuerdo con el decreto aprobado, la empresa deberá observar las disposiciones relacionadas con la conservación del medio ambiente y la preservación de las zonas arqueológicas y culturales.
Diputado priista cuestiona la donación de los terrenos
El dictamen generó el rechazo del diputado priista Gaspar Quintal Parra, quien cuestionó que el Congreso aprobara la entrega gratuita de los terrenos sin conocer su valor actual ni cuánto pagó el Estado por adquirirlos.
“No estamos discutiendo si estamos a favor o en contra de un tren (…) Lo que realmente estamos discutiendo es algo mucho más concreto. Si este Congreso debe autorizar que 56 hectáreas que pertenecen al pueblo de Yucatán sean entregadas gratuitamente a una empresa, sin que ese dictamen nos diga cuánto le costaron al Estado, cuánto valen hoy, cuál será el beneficio económico concreto para los yucatecos ni por qué la donación mejor opción que cualquier otra figura jurídica. Y por esa razón, mi voto será en contra”, expresó.
Quintal Parra señaló que el propio dictamen establece que el 20 de mayo de 2025 el director general del Tren Maya solicitó al gobierno de Yucatán la donación de las 56 hectáreas, pero los terrenos fueron adquiridos posteriormente por el gobierno estatal.
Según dijo, cinco predios de San Antonio Poxilá fueron adquiridos por el Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán (Incopy) el 13 de agosto de 2025, mientras el de Bolón, de más de 33 hectáreas, fue adquirido el 19 de febrero de 2026.
Afirma que el gobierno compró terrenos para donarlos al Tren Maya
“Es decir, primero existió la petición del Tren Maya y después el gobierno de Yucatán adquirió los terrenos que ahora pretende regalarle. Esta secuencia merece una explicación”, señaló.
También cuestionó que el dictamen no incluyera un avalúo actualizado de los inmuebles ni el costo total que representó para el Estado su adquisición.
En defensa de la donación, el diputado morenista Eric Edgardo Quijano González dijo que la solicitud tiene sustento técnico y jurídico y los terrenos serán destinados a la continuidad del proyecto ferroviario.
“Con estas acciones garantizamos la función social en su destino, pues también contemplamos el mecanismo de reversión”, señaló.
Explicó que, si los bienes donados son destinados a un fin distinto al autorizado o no son utilizados para el objeto previsto, la propiedad podrá regresar al Estado.
Morena dice que el patrimonio “está blindado”
“De tal manera que el patrimonio de Yucatán está blindado y supeditado permanentemente al interés general de las y los yucatecos”, afirmó.
El decreto establece que la donación entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán.
Durante la misma sesión, el Pleno aprobó por unanimidad la convocatoria para designar a cuatro integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey), quienes ocuparán el cargo honorario durante tres años.
También se aprobaron reformas relacionadas con el Reglamento de la Ley de Gobierno del Poder Legislativo en materia de votación económica mediante el sistema informático legislativo, así como la ratificación de la designación de un magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa.
Adopciones, guayabera, carne ahumada…
Entre las iniciativas turnadas a comisiones se encuentran propuestas para fortalecer el sistema estatal de adopciones y declarar a la guayabera yucateca como patrimonio cultural intangible.
También, establecer disposiciones en materia de cruces peatonales; garantizar atención integral de salud durante el climaterio, menopausia y andropausia, y declarar la carne ahumada como gastronomía emblemática y tradicional de Temozón.
En asuntos generales, el diputado morenista José Julián Bustillos Medina presentó una iniciativa para reformar la Ley para la Protección de las Personas que Intervienen en el Proceso Penal del Estado de Yucatán, con el propósito de que la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción incorporen la perspectiva de género al determinar las medidas de protección.
La diputada panista María Teresa Boehm Calero propuso reformas a la Ley de Salud para fortalecer la atención materna y neonatal, con énfasis en que sea continua, oportuna, segura e integral, así como en la coordinación para atender a mujeres embarazadas y recién nacidos que requieran servicios especializados.
También la panista Sayda Melina Rodríguez Gómez presentó una propuesta para modificar la Ley de Salud en materia de salud mental perinatal, a fin de establecer mecanismos para la detección oportuna de depresión posparto y otros trastornos de salud mental durante el embarazo y el puerperio, además de garantizar atención y seguimiento.
La diputada de Movimiento Ciudadano Abigail Uc Canché planteó modificaciones relacionadas con el uso y accesibilidad de la lengua maya en los trabajos legislativos.
Su iniciativa propone ampliar el tiempo destinado a las intervenciones en lengua maya y establecer la obligación de traducir los asuntos más relevantes que sean sometidos a votación.
Violencia sexual y uso de la inteligencia artificial
Por su parte, el priista Gaspar Quintal Parra presentó una iniciativa en materia de violencia sexual digital y el uso de inteligencia artificial para crear, alterar o difundir contenido sexualizado sin consentimiento.
La propuesta prevé obligaciones para las instituciones educativas, como contar con canales accesibles y confidenciales, valorar riesgos, establecer medidas de protección, canalizar a las autoridades y facilitar atención psicológica, jurídica y educativa.
En la sesión también hicieron uso de la tribuna los diputados Bayardo Ojeda Marrufo y Alba Cob Cortés. Asimismo, Ana Cristina Polanco Bautista presentó un punto de acuerdo relacionado con la legislación en materia de Protección Civil, el cual fue admitido por la Asamblea para una segunda lectura.
La próxima sesión será el jueves 24 de septiembre, a las 11 horas.