Recibimos el siguiente escrito, enviado por Fernando Eduardo Alpuche Ojeda, en ejercicio de su derecho de réplica, quien se considera aludido en una nota publicada el 26 de septiembre.
En relación con la nota informativa publicada el 26 de septiembre, titulada “La reportarían con Huacho: Una incómoda de la 4T denuncia ataque y amenaza”, el licenciado Fernando Eduardo Alpuche Ojeda (aludido bajo las iniciales F.E.A.O.) precisa y rectifica ante la opinión pública los siguientes hechos falsos e inexactos:
1.— Es totalmente falso que el licenciado Fernando Eduardo Alpuche Ojeda haya agredido verbal o físicamente a la señora SBGS o a su hijo. La controversia deriva exclusivamente de la pretensión ilícita e intempestiva de dichas personas de instalar una reja metálica en el pasillo de acceso común del predio ubicado en la calle 21 número 163-A de la colonia México Oriente de Mérida, el cual constituye una servidumbre de paso indispensable para el libre ingreso al departamento veintidós, inmueble en el que el Lic. Alpuche Ojeda mantiene su despacho jurídico y domicilio fiscal activo ante el Servicio de Administración Tributaria.
2.— Quien resultó víctima de agresiones físicas violentas fue el licenciado Fernando Eduardo Alpuche Ojeda, a quien el ciudadano JOCG despojó de su teléfono celular para evitar que grabara los hechos, atacándolo con un bastón metálico de acero retráctil que llevaba oculto entre sus ropas y provocándole una lesión e infección grave por mordedura humana en el dedo índice de la mano izquierda, certificada médicamente por profesional de la salud el 14 de septiembre.
3.— Derivado de estos hechos violentos, el licenciado Fernando Eduardo Alpuche Ojeda interpuso formal querella penal el mismo 14 de septiembre ante la Fiscalía General del Estado de Yucatán, radicándose la carpeta de investigación FGE/NORTE/UNADT-4435/2026, en la cual se le reconoció formalmente la calidad originaria de víctima y se le otorgaron medidas de protección policial.
4.— Es falso que el conflicto responda a cuestiones políticas, críticas partidistas o al ejercicio de la libertad de prensa; se trata de una disputa puramente patrimonial y condominal por la imposición ilícita de una reja en pasillos de acceso común.