Dulce María Sauri Riancho: Yucatán y la bomba de la Suprema Corte

La noticia cayó como bomba en el plácido ambiente político yucateco. La Suprema Corte de Justicia de la Nación había decidido declarar inconstitucional las reformas realizadas por los congresos de Durango y San Luis Potosí que establecían la alternancia de género en las candidaturas a sus gubernaturas. Una, SLP, se define en 2027; la otra, Durango, en 2028.¿Por qué entonces tanto revuelo en un estado cuyo ejecutivo se renovará hasta dentro de 4 años? La razón es simple: cambiaron las expectativas.

El 16 de junio de 2023 se incorporó a la Constitución del estado el criterio de rotación de género en las postulaciones partidistas al gobierno de Yucatán. Este cambio en su artículo 44 significa que el género de las candidaturas a la gubernatura debe alternarse consecutivamente elección tras elección (un periodo hombre, el siguiente mujer, o viceversa). Entonces estábamos en vísperas de iniciar el proceso 2023-2024, cuando las candidaturas en el horizonte aparecían sólo con nombre masculino, en el caso de las principales fuerzas políticas de la entidad. El Congreso del estado decidió desarrollar una doble estrategia. Por una parte, aplicó el viejo refrán de “no cambiar de caballo a mitad del río”, esto es, pretender modificar las reglas cuando ya había empezado la disputa por las candidaturas al interior de los partidos políticos. Por otro lado, recordó el antiguo dogma político de “patear la lata hacia adelante”, poniendo la fecha de la vigencia de la nueva norma hasta 2030. Partidos, coaliciones y candidaturas comunes postularon hombres como candidatos a gobernador, excepto Movimiento Ciudadano que nominó mujer.