Pagos a trabajadores con cargos de elección popular y a personal con plazas geográficamente incompatibles dejaron tres millones 681 mil 829.84 pesos pendientes de aclarar en la nómina educativa de Yucatán correspondiente a 2025, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Los señalamientos aparecen en la auditoría 2367 al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), publicada en la segunda entrega de la Cuenta Pública 2025 el 30 de octubre pasado.
El mayor importe corresponde a un millón 909 mil 239.60 pesos pagados a seis trabajadores que ocupaban cargos de elección popular, sin que se acreditaran funciones vinculadas con la educación básica y normal.
Inicialmente la revisión identificó pagos por nueve millones 988 mil 118.26 pesos a 39 trabajadores con cargos de elección popular. Durante la auditoría, el gobierno del Estado presentó documentación que permitió aclarar ocho millones 78 mil 878.66 pesos.
Quedó pendiente lo relativo a las seis personas ya señaladas. En el documento publicado por el órgano de fiscalización no se mencionan nombres.
En más de un lugar
El segundo monto pendiente asciende a un millón 772 mil 590.24 pesos, por pagos a dos trabajadores con plazas en centros de trabajo cuyas ubicaciones geográficas resultaron incompatibles.
En el informe se establece que la Secretaría de Educación Pública realizó, por cuenta y orden de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (Segey), pagos por ocho millones 62 mil 303.28 pesos a 19 trabajadores que registraron plazas en más de un centro de trabajo cuya ubicación geográfica resultó incompatible.
En el transcurso de la revisión el gobierno del Estado proporcionó documentación que aclara el gasto de seis millones 289 mil 713 pesos. Quedó pendiente de comprobarse el monto citado líneas arriba, por pagos a dos trabajadores.
Ambos resultados generaron dos pliegos de observaciones. Por separado, la ASF reportó reintegros de 594 mil 956.38 pesos antes de concluir la auditoría.
La muestra examinada superó los nueve mil 33 millones de pesos. De 16 resultados, ocho no presentaron irregularidades y seis fueron solventados antes de darse a conocer el informe.
Las observaciones continúan sujetas al procedimiento de seguimiento y aclaración. Su existencia no constituye una determinación definitiva de desvío ni de responsabilidad personal.
Gastos en salud
Hay otros ángulos relacionados con Yucatán en los resultados de la revisión de la Cuenta Pública 2025.
De acuerdo con la ASF, durante ese año el Estado reportó un gasto equivalente al 19.4 por ciento de los recursos acordados del programa federal U013 para promoción, prevención y detección oportuna de enfermedades, debajo del mínimo de 20% que señala la norma.
El hallazgo aparece en la auditoría 2359 al gasto federalizado en salud. El informe señala que la observación fue atendida mediante la apertura de un procedimiento de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno para determinar posibles responsabilidades administrativas.
Servicios de Salud de Yucatán informó de la aplicación transversal de 163 millones 503 mil 975.70 pesos en acciones preventivas, respecto de 842 millones 25 mil 71.10 pesos acordados para el Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral.
El gasto reportado abarca 95 millones 673 mil 623.09 pesos en remuneraciones y 67 millones 830 mil 352.61 pesos en adquisición y distribución de medicamentos, material de curación y otros insumos.
La Auditoría también indicó que no recibió los informes del ejercicio correspondiente a enero, febrero y marzo de 2026.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno estatal abrió el expediente con registro DDI/INV/ASF-57/2026. Con esto, el órgano fiscalizador consideró “promovida la acción”, lo que no equivale a una resolución definitiva del procedimiento administrativo.
La revisión abarcó una muestra de dos mil 990 millones de pesos, equivalentes al 81.5 por ciento del universo seleccionado de recursos federales de salud.
El balance final fue de 23 resultados: en 17 no se detectaron irregularidades y seis fueron solventados antes de emitirse el informe. La revisión es financiera y administrativa. Se advierte que no permite concluir, por sí misma, que existieron afectaciones clínicas o negligencia médica.