Acusan amenazas contra la víctima por un proyecto
CIUDAD DE MÉXICO (AP y EFE).— Un activista comunitario que había sido amenazado por un proyecto vial fue asesinado a balazos en el estado de Chiapas.
Los procuradores estatales dijeron que el activista Sinar Corzo murió a balazos en una calle en el pueblo de Arriaga, el jueves pasado.
Antes de morir, el activista había tenido una reunión con el gobierno de Arriaga.
El gobierno estatal condenó el homicidio y dijo que no quedaría impune.
Corzo denunció las amenazas de hombres armados en 2017 quienes, al parecer, estaban inconformes por su apoyo a un proyecto de carretera rural.
Dos años antes había discutido con funcionarios locales por un trabajo de construcción en un mercado local. También se había peleado con gobiernos locales por sus demandas de suministrar agua y drenaje a las comunidades pobres.
Ayer, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) denunció el asesinato. La comisión gubernamental dijo que, desde el 2006, 41 activistas y trabajadores de derechos humanos han sido asesinados en México.
Por su parte, Nathaniel Hernández, director del Centro de Derechos Humanos Digno Ochoa y compañero de Corzo, señaló a antiguos gobernantes de Chiapas y del municipio de Arriaga como posibles responsables.
El también activista comentó que Corzo “ya había recibido varias amenazas de muerte” del equipo del exgobernador de Chiapas Manuel Velasco, del PVEM.
Hernández consideró que la forma en la que se perpetró el crimen es un “disfraz perfecto”, ya que el asesinato podría pasar por delincuencia común.
“Nos llama la atención que haya sido después de que saliera del cargo (Velasco Coello)”, expuso Nathaniel Hernández, quien reiteró que el crimen puede quedar “impune” al ser investigado como un delito común.
Asimismo, agregó que “en ningún momento Sinar había sido amenazado por personas civiles ni tenía ninguna situación con problemas con particulares”.
Motivo por el que señala que “la situación recae directamente sobre las autoridades del gobierno de Chiapas”.
De acuerdo con Hernández, desde el Centro de Derechos Humanos Digno Ochoa se muestran optimistas de cara al esclarecimiento del crimen.
“Vamos a exigir a la Fiscalía General del Estado de Chiapas que haga las investigaciones y se castigue a los responsables. Confiamos en que las autoridades van a hacer su trabajo”, aseveró.