CIUDAD DE MÉXICO.- A seis integrantes de la Iglesia La Luz del Mundo les bloquearon sus cuentas bancarias por presuntas prácticas de pornografía infantil y explotación sexual.
Esto lo informó Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), durante la conferencia mañanera de hoy.
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Dinero asegurado
El funcionario informó que los montos bloqueados “son 359 millones de pesos y un millón y medio de dólares de manera directa, así como 82 mil pesos relacionados con este grupo”.
Además de prácticas de explotación sexual, indicó, en la congregación liderada por Naasón Joaquín García se pedía a los fieles que donaran todas sus pertenencias a la Iglesia.
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“Este caso tiene que ver con el bloqueo de seis personas relacionado con un grupo religioso donde había donativos a la Iglesia”, precisó.
Había donativos que se desarrollaban a la Iglesia y una práctica de pornografía infantil y de explotación sexual”
Material ilegal en Facebook
Santiago Nieto informó que en otro caso aparte relacionado con pornografía en redes sociales, la UIF congeló las cuentas de una persona que vendía fotografías de menores por Facebook.
Según detalló, un hombre engañó a una menor para que le enviara fotos de ella semidesnuda o sin ropa alguna.
Se identificó al agresor, además de las cuentas bancarias a lo que se hicieron los pagos por las fotografías de la víctima. Este personaje recibía SPEI y efectivo por las fotos de la menor”
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El titular de la UIF informó que este hombre tenía herramientas para extraer de manera directa e indirecta los recursos que esa práctica generaba.
Combate a delitos
“Estos casos”, precisó el funcionario, “muestran la voluntad que tiene el gobierno de México para combatir con señales claras los problemas que aquejan a las mujeres en el país”.
Esto se hace a partir de la utilización de la inteligencia para generar casos y así llevar a los responsables a los tribunales, comentó.
Luego dijo que “estamos convencidos de que una de la partes centrales de la transformación de México tiene que ver con dejar las políticas de simulación, y generar otras que permitan cumplir las reglas del Estado constitucional de Derecho”.