CIUDAD DE MÉXICO.- Luis María Aguilar, magistrado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), propuso en un proyecto publicado este jueves declarar inconstitucional la consulta que el Gobierno Federal pretende convocar para enjuiciar por corrupción a varios expresidentes.
“El objetivo de la consulta popular debe considerarse inconstitucional, pues la materia que se solicita consultar, de acuerdo a su diseño y contenido, conlleva en sí una restricción de los derechos humanos”, expresó.
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El magistrado, encargado de analizar la constitucionalidad de la propuesta, indicó que llevaría a condicionar el ejercicio y protección de los derechos humanos a la voluntad de las mayorías, lo que es contrario a la Constitución.
El presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Senado la iniciativa para que los ciudadanos elijan si su gobierno debe investigar y, en su caso, llevar a juicio a los expresidentes.
Dice que votaría por el “no”
Aunque el mandatario es el principal promotor del sondeo, apoyado por dos millones de firmas ciudadanas, ya dijo que votaría en contra de enjuiciarlos porque quiere evitar la venganza.
“Se trata de un concierto de inconstitucionalidades que pudieran incidir negativamente en el acceso a la justicia, la persecución de los delitos y el Estado de derecho mismo”, opinó el magistrado Aguilar sobre el proyecto que la SCJN debatirá el 1 de octubre.
En conferencia, López Obrador pidió esperar a que el pleno del alto tribunal resuelva el asunto.
Además, pidió a los magistrados actuar “con apego a la legalidad”.
La pregunta planteada
La pregunta planteada es: “¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen, y en su caso sancionen, la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones?”.
En su propuesta, AMLO aseguró que durante el gobierno de Salinas (1988-1994) crecieron más las desigualdades y con Zedillo (1994-2000) se llevó a sus últimas consecuencias las políticas privatizadoras.
Acusó a Fox (2000-2006) de intervenir indebida e ilegalmente en las elecciones presidenciales de 2006, en las que López Obrador perdió frente a Calderón (2006-2012), y a éste de entregar territorio a las bandas delictivas.
De su predecesor Peña Nieto (2012-2018) dijo que “recibió grandes cantidades de dinero de procedencia desconocida en la campaña presidencial”.