Pobladores de Oxchuc, municipio situado en los Altos de Chiapas, retuvieron durante 10 horas al chofer de un vehículo de la empresa Dypaq, filial de Grupo Megamedia, luego de haberse volcado cuando transitaba sobre la carretera Ocosingo-San Cristóbal de las Casas; sin que las autoridades de ese estado intercedieran para solucionar el caso, con el argumento de no tener injerencia en dicha comunidad.
El vehículo, conducido por Irving Alejandro López González, cayó en el patio de una vivienda, cuyos moradores alertaron a los demás vecinos con el fin de retener la unidad y al operador. El suceso ocurrió el viernes 30.
López González, a bordo de una camioneta Nissan Np300 de caja seca, regresaba a Tuxtla Gutiérrez tras haber realizado varias entregas entre la capital chiapaneca y Ocosingo cuando a las 8:30 de la noche un tráiler le cerró el paso, por lo que el chofer maniobró para no chocar. Sin embargo, terminó saliendo de la carretera y cayendo en un predio particular.
Retienen, golpean y extorsionan a chofer accidentado
El chofer logró salir de la camioneta y comunicarse con el área operativa de Dypaq, antes de ser retenido y golpeado por los pobladores, quienes dijeron que solo lo liberarían a él y a la unidad si pagaba 15,000 pesos en ese momento.
Personal de la empresa se aproximó al sitio, pero los habitantes amenazaron con retener también el transporte y al personal que llegó para auxiliar. Al lugar también acudió el ajustador de seguros que, tras dejar el número de siniestro asociado, se retiró al ver los ánimos encendidos de la gente.
Los representantes de la empresa pidieron tiempo a los vecinos para ir por el dinero, a lo que accedieron con la condición de que el chofer permanecería con ellos como garantía; pero advirtieron que cuanto más tiempo pase aumentaría la cantidad para liberar el vehículo y al chofer.
Para entonces, familiares del operador también buscaron la manera de liberar a su pariente, lo que finalmente ocurrió a las 6 de la mañana del sábado.
Extorsión en carretera de Chiapas; autoridades no intervienen
No obstante, a pesar de haberse realizado el pago de $15,000, los vecinos no permitieron que se retire la camioneta, pues para ello habría que dar $30,000 más. Y para asegurar que se realizara el pago, amenazaron que no iban a permitir que ningún transporte de Dypaq transite por esa carretera si la empresa decide abandonar la unidad.
Representantes de la empresa acudieron las autoridades del estado de Chiapas desde el momento de los hechos, pero estas declinaron tomar parte en el asunto, pues señalaron que en dicha comunidad la ley que impera es la de los habitantes, invitándolos indirectamente a “arreglarse con ellos”.
Anoche, los directivos de Dypaq lograron rescatar el vehículo siniestrado.
No es el primer caso en el que las autoridades de Chiapas admiten abiertamente que la ley que impera es la de las comunidades, no la de la autoridad que ostenta los cargos públicos. Hace un par de años, en un hecho de tránsito, un vehículo de Dypaq golpeó el espejo de otro vehículo en el centro de San Cristóbal de las Casas.
Los pobladores retuvieron la unidad de la empresa de paquetería con el argumento de que lo liberarían a cambio de una cantidad de dinero exorbitante para ese hecho.
La policía llegó al lugar ya que estaba en el centro de la población y admitió que a los lugareños no les asistía la razón. Pero reconocieron que nada podían hacer y que debía pagárseles lo que pedían porque ahí impera su voluntad.
Ronda de opiniones
Periodistas reflexionan sobre la retención de un vehículo de Dypaq en Chiapas:
Olegario Manuel Moguel Bernal
Director de Medios Tradicionales de Grupo Megamedia
La nula acción de las autoridades y su aceptación olímpica de que el poder está en manos de la comunidad no solo implica que la policía está rebasada, sino también que en muchas partes del país prevalece la ley del más fuerte, del más marrullero, del más gandalla.
El único antídoto contra ello es el fortalecimiento del entramado institucional del país. Ello evita que prevalezcan los intereses de grupos e individuos por encima del orden social.
De ahí que sea tan peligroso atacar a las instituciones, mandarlas al diablo e intentar socavarlas. Peor si se hace desde el lugar donde más se debe pugnar por su fortalecimiento. Esto nos llama a luchar porque en Yucatán sigamos teniendo estado de derecho, instituciones fuertes, entre ellas las electorales, y prensa libre, pues solo con esta última se pone coto a los intereses individuales de los poderes establecidos y fácticos.
Víctor Manuel Dzul Zum
Coordinador de cierre de edición
Cada día me convenzo un poco más de que hay gobiernos, como el federal, que viven en su burbuja, pensando que en el país todo camina de maravilla desde que ellos llegaron al poder. Piensan que con gritar a los cuatro vientos que todo ha cambiado con ellos y que como por arte de magia se acabaron los problemas de seguridad, salud, educación, comunicaciones, etcétera, ya es más que suficiente.
Pero la realidad es más terca que los discursos y las palabras huecas y repetitivas. En cuestión de seguridad, hay grupos, sobre todo los delictivos, comunidades o personas en particular que siguen imponiendo sus propias formas de actuar al margen de la ley y hacen lo que les venga en gana, sin que ninguna autoridad pueda o quiera intervenir.
Los bloqueos de carreteras, los secuestros de autobuses y la toma de casetas de cobro en las autopistas son solo algunos, claros ejemplos de cómo esos grupos se guían por la ley de la selva, a vista y paciencia de las autoridades de cualquier nivel. En Mérida hemos visto varias muestras de esa forma de actuar tan arbitraria y violenta de quienes piensan que así deben ya no digamos defender derechos sino hacer lo que les plazca sin que nadie lo impida.
Margarita Isabel Montero Zaldívar
Coordinadora de Información del DY:
Es una lástima que en pleno siglo XXI las autoridades judiciales declinen poner orden en algunas comunidades donde reina la anarquía porque son ajenas al sistema legal mexicano. Esto solo evidencia la falta del estado de derecho y la escasa cultura y educación de muchas comunidades. Un ejemplo es Chiapas, que ocupa actualmente el séptimo lugar en analfabetismo en el país y en donde la Ley del Talión y la ley del monte o del más fuerte son la base de su sistema de “justicia”, lo que perjudica los intereses del resto de los mexicanos.
Si bien es cierto que la poca educación conduce a este camino, es una pena que el Estado no sepa poner orden para disminuir el índice delictivo de este tipo y sí, en cambio, se invite a “no hacer más grande el problema” y a cooperar con la comunidad.
Quizá es hora de que el Estado mexicano tome cartas en el asunto en los sectores “rojos” y contribuya a disminuir la incidencia delictiva en carreteras y caminos del país, a fin de ayudar a los empresarios y a la sociedad a vivir con la certeza de que se respeta su derecho al libre tránsito, en un marco de legalidad y seguridad.
Luis Alberto González Uribe
Director editorial de Diario de Yucatán
Los usos y costumbres en muchas regiones son dignos de análisis en el contexto de las condiciones de legalidad en este país. Es necesario que las autoridades federales revisen cómo se aplican estas tradiciones que afectan negativamente a empresas y ciudadanos que no viven y no necesariamente coinciden con el pensamiento de los pobladores de esas comunidades. Es indispensable, en el contexto de la globalización en que participa la economía mexicana, que haya normas claras que apliquen para todos por igual con miras a tener condiciones que permitan competir en igualdad de circunstancias a todas las empresas.
La afectación a Dypaq en Chiapas es una evidencia de la falta de aplicación del estado de derecho a favor de una economía que funcione adecuadamente. Es dramático para los ciudadanos que las autoridades de los estados no asuman su responsabilidad.
Sale a relucir en este hecho la importancia de que la ciudadanía tenga canales para presionar a sus autoridades a que asuma su responsabilidad. Es evidente que urge garantizar que se aplique la ley nacional a favor de la seguridad empresarial.
Luis Fernando Victoria Ayuso
Subdirector editorial de Diario Yucatán
La inseguridad es un problema creciente que se acentúa más en regiones donde las autoridades locales, estatales y federales, junto con sus instituciones de seguridad y justicia, son un cero a la izquierda. Con los argumentos llevados a un extremo peligroso, los usos y costumbres dejan que el acontecer diario de esas comunidades se rija por lo que más convenga a los grupos de poder locales.
En el incidente de Dypaq se nota una total ausencia del poder del Estado, pues los lugareños pueden actuar con total impunidad en detrimento del bien común.
Cientos, si no es que miles de turistas y trabajadores de empresas de todos los tamaños, circulan a diario en las carreteras chiapanecas expuestos a las arbitrariedades locales, fomentadas, impulsadas y alentadas por intereses caciquiles y delincuenciales cobijados por los mal llamados usos y costumbres. Las pérdidas de vidas y económicas son incuantificables.
Luis Alberto Luna Cetina
Coordinador de la sección Nacional-Internacional
El incidente de Dypaq en Chiapas me remite a una experiencia en San Juan Chamula. Como turistas quisimos visitar el templo. Me extrañó que hubiera una cuota obligatoria para entrar, pero me sorprendió más que la iglesia estuviera “tomada” en su mayoría por personas ebrias que simulaban rezar.
Sin que esto hiciera disminuir mi amor por los indígenas, pude concluir que lo que presencié no fue un valor turístico ni religioso y que la economía de los anfitriones depende de lo que le puedan sacar al visitante. Como la vida me enseña que no conviene ponerse al brinco con personas alcoholizadas, simplemente me retiré. Debo confesar que sufrí un desencanto.
En cuanto a la extorsión cometida contra Dypaq, en contubernio con las autoridades, creo que no se puede esperar un comportamiento razonable de personas que viven de prácticas criminales. Me parece que tampoco conviene luchar frontalmente contra la delincuencia organizada, pero sí podemos protegernos y tomar sana distancia.