CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) consideró que es preocupante que se presenten las iniciativas de reforma en tiempos electorales y que se dejen de lado temas críticos como la inseguridad, el crecimiento del crimen organizado y el desabasto de agua y medicamentos.
Añadió que debe analizarse la viabilidad e impacto del paquete de 20 reformas, además de que deben escucharse los planteamientos de la oposición.
El sindicato patronal dijo que se pueden dividir en cuatro tipos las iniciativas que presentó el gobierno: -Reformas marginales. Aquellas cuyos temas están ya considerados en la Constitución. Las propuestas que se pueden considerar en este rubro son las de austeridad y remuneraciones de servidores públicos, atención médica universal y gratuita, aquella para prohibir vapeadores, sustancias tóxicas y drogas sintéticas como el fentanilo.
En esta clasificación también debe considerarse la de maltrato animal porque ya existe una ley que lo considera. Así como la de reconocer a las comunidades indígenas o afromexicanas, propuesta que se hizo desde el 9 de agosto de 2019, según se publicó en el Diario Oficial de la Federación en la que se reconocen esos pueblos.
Reformas positivas o urgentes. En esta clasificación están la propuesta de emitir una Ley General contra la Extorsión, y la de Salarios Mínimos, que propone que se incrementen por arriba de la inflación, que va en línea con los planteamientos de la Coparmex.
La tercera iniciativa positiva es la de inclusión laboral de jóvenes, pues es un acierto darles apoyo económico y capacitarlos para el trabajo.
Reformas preocupantes. Estas reformas plantean el desmantelamiento institucional y la concentración de poder. En este rubro están la iniciativa electoral, porque propone desaparecer el INE; la eliminación de los legis-ladores de representación proporcional, que aseguran la pluralidad del Congreso.
También es preocupante que pretendan que haya elección popular de los ministros, magistrados y consejeros electorales, porque será un enorme riesgo el que no ocupen esos cargos los capaces, sino los más populares.
La reforma en materia eléctrica insiste en regresar a un sistema que será contrario a los compromisos que tiene México en los tratados internacionales que firmó.
Está también, en este rubro, la iniciativa para militarizar la Guardia Nacional al transferirla a la Secretaría de la Defensa Nacional.
Otra de las propuestas que se tiene es la eliminación de los órganos autónomos, la que consideró como “inadmisible” la Coparmex porque estas instancias permiten consolidar la democracia y velan por los derechos humanos de “acceso a la información (Inai), los beneficios de la libre competencia (Cofece), de mejores servicios de telefonía (IFT), conocer evaluaciones de la política social y su eficiencia (Coneval) o del regulador del mercado energético (CRE)”.
Preocupa también la reforma en materia de simplificación administrativa, porque eso implica eliminar a dos instancias que protegen a los mexicanos: la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).
Y, finalmente, la reforma para promover el Servicio Ferroviario de Pasajeros, porque “hay dos cuestiones delicadas”: primero, se piensa “retomar el derecho de utilizar las vías ferroviarias para prestar el servicio de transporte de pasajeros”, lo que implicaría afectar concesiones ya otorgadas a particulares para transporte de carga que están vigentes y podría tener implicaciones en materia de certidumbre jurídica o derivar en litigios.
Segundo, se considera no licitar sino en “asignar” a privados esos proyectos.
Reformas que requieren amplio debate. Son la de programas sociales, porque no se explica de dónde saldrán los recursos para dar los apoyos y las becas; la propuesta de fijar precios de garantía, que distorsionará el mercado y afectará la oferta de maíz, frijol, leche, arroz y trigo. En este rubro está la reforma de pensiones, porque no es claro cuál será la fuente efectiva y real de los recursos que aportaría el gobierno, por lo que se requiere un debate en torno a las fuentes de recursos públicos para que las aportaciones adicionales sean sólidas y estables en el largo plazo.