Desde 2016, la Secretaría de la Defensa Nacional ha invertido cientos de millones de pesos en el Centro de Operaciones del Ciberespacio (C.O.C), publica Red en Defensa de los Derechos Digitales sobre esta unidad especializada en indagar quién está detrás de los “tuits” o publicaciones que critican al gobierno.
De acuerdo con la información, esta unidad tendría 178 efectivos militares asignados en seis secciones que corresponden a:
- 1) Monitoreo.
- 2) Respuesta a Incidentes.
- 3) Seguridad de la Información.
- 4) Operaciones.
- 5) Doctrina y Desarrollo.
- 6) Administrativa.
Lo anterior supone que, la Subjefatura de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional ha invertido recursos de la seguridad nacional en monitorear a usuarios de las redes sociales que hacen públicas críticas a las Fuerzas Armadas y al Gobierno General, comandados por el General Secretario, Luis Crescencio Sandoval.
“No solo las vigilan en plataformas digitales: también crean perfiles falsos para obtener más información sobre sus amistades, sus familiares y sus redes de contactos. Además, emplean un software especializado para operar granjas de usuarios simulados (bots) para “ejercer influencia suave sobre la opinión pública”, señala el informe de R3D.
El escrito incluso señala que el presidente Andrés Manuel López Obrador está informado sobre el estatus de los perfiles en redes sociales y las acciones que la C.O.C realiza en contra de los mismos.
Software del gobierno para espiar en redes sociales
Para realizar sus acciones de monitoreo, el Centro de Operaciones del Ciberespacio utiliza el software HIWIRE, desarrollado por la empresa israelí WebintPro. La Secretaría de la Defensa Nacional adquirió este sistema a través del Contrato DN-10 SAIT-186/P/2020 No. SIA: 4500035850 de 31 julio de 2020 con el objeto “Adquisición de una Plataforma de Análisis de Información de Ciberamenazas”, señala R3D.
El proveedor de dicho sistema sería Scitum S.A. de C.V., empresa de Grupo Carso, propiedad de Carlos Slim Helú, quien habría adquirido varios contratos con el gobierno federal en cuestión de ciberseguridad.
“HIWIRE tiene poderosas capacidades de monitoreo de redes sociales, incluyendo la capacidad de ‘identificar activistas e influenciadores clave’ y ‘monitorear redes opositoras en tiempo real’”.
Pero también podría monitorear a los usuarios en tiempo real y mapear automáticamente los vínculos entre usuarios en relación con sus publicaciones.
Un documento elaborado por la S-2 de Inteligencia del E.M.C.D.N., revela R3D, señala que durante el año 2020, el “Grupo de Operaciones de Influencia” operó al menos 6 “cuentas no oficiales” de la SEDENA, desde las cuales difundió 5259 “productos de persuasión”, esto en relación a diversos temas que iban desde la exoneración del Gral. Cienfuegos hasta las violaciones a los derechos humanos por parte del Ejército.
Sobra decir que las operaciones del C.O.C se encuentran fuera del marco legal, por lo que “la Secretaría de la Defensa Nacional ha sido impulsar la creación de un marco jurídico que dé sustento legal a la actuación de las Fuerzas Armadas en el Ciberespacio”.
Ley Federal de Ciberseguridad, riesgo a la autonomía
Es por eso, recuerda R3D, que en febrero se ha impulsado desde el Congreso la iniciativa de Ley Federal de Ciberseguridad, busca otorgar a las Fuerzas Armadas la cobertura legal para seguir llevando al cabo estas acciones.
“Considerar a periodistas, personas defensoras, colectivos feministas e incluso personas usuarias de redes sociales como una “ciberamenaza” es la última muestra de que el Ejército está fuera de control”, reflexiona el escrito.
En un momento en que se cuestiona el autoritarismo en las políticas de la 4T, la Ley Federal de Ciberseguridad vendría a suponer un eslabón más en la militarización del país, evidenciando la falta de transparencia y libertad de expresión que no solo pone en riesgo periodistas y agentes de la oposición, sino a la propia ciudadanía.