En el marco del centenario de Diario de Yucatán, fundado el 31 de mayo de 1925 con el compromiso de ejercer un periodismo libre, independiente y crítico, el panorama actual para la prensa en México no es alentador. A 100 años de aquel primer ejemplar, el país afronta uno de los contextos más peligrosos del mundo para ejercer la labor informativa: en 2024 se ha documentado una agresión contra periodistas cada 14 horas, según un informe presentado en abril por la organización Artículo 19.
La alarmante cifra confirma que México sigue siendo un territorio hostil para quienes ejercen el derecho a informar. Los ataques abarcan desde intimidaciones y amenazas hasta campañas de desprestigio, desapariciones forzadas y homicidios, en medio de un clima de estigmatización promovido en muchos casos desde el poder. La mayoría de los crímenes permanece impune.
De acuerdo con el informe anual de Artículo 19, durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) se registraron 3,408 agresiones contra periodistas, un aumento de 62% respecto al sexenio anterior de Enrique Peña Nieto. En ese mismo periodo fueron asesinados 46 comunicadores y desaparecieron al menos cuatro, la mayoría de ellos mientras investigaban temas relacionados con corrupción o crimen organizado.
Aunque ya se inició un nuevo gobierno federal, los ataques no cesan. Solo en enero pasado, el periodista Alejandro Gallegos, columnista del diario “Tabasco Hoy” y director del medio digital La Voz del Pueblo, fue asesinado a tiros cerca de su domicilio en Villahermosa. Su trabajo periodístico incluía coberturas de violencia y redes de narcotráfico.
Sin protección
Otro caso ocurrido este año es el del periodista Miguel Ángel Anaya, en Veracruz, quien denunció un intento de allanamiento en su domicilio por sujetos desconocidos. Semanas antes había recibido amenazas por una serie de reportajes sobre tráfico de tierras en la región. Aunque denunció el hecho, no obtuvo protección de las autoridades estatales.
Artículo 19 también alertó sobre el uso de la vía judicial como herramienta de censura. Uno de los informes habla de un incremento de demandas civiles por “daño moral” emprendidas por empresas y personajes públicos contra varios periodistas. En lo que va del año, al menos siete comunicadores han sido demandados por Banco Azteca tras publicar investigaciones sobre su operación financiera.
La organización responsabilizó además a funcionarios públicos por alimentar un discurso de odio hacia la prensa. Documentó que, entre 2018 y 2024, se emitieron 224 expresiones estigmatizantes desde la Presidencia de la República, muchas de ellas durante las conferencias matutinas. Esta narrativa contribuyó, según el reporte, a normalizar la violencia y desacreditar el trabajo periodístico.
Resultados limitados
A pesar de la existencia del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, los resultados han sido limitados. De los 46 asesinatos ocurridos en el sexenio anterior, sólo 14 han derivado en procesos judiciales. La Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión ha sido duramente cuestionada por su ineficiencia.
En el primer trimestre de 2025, Artículo 19 registró que 54% de las agresiones provinieron de funcionarios públicos, lo que coloca al Estado como el principal agresor. Le siguen grupos criminales (30%) y particulares (16%). El fenómeno se presenta tanto en zonas rurales como en grandes ciudades, y afecta a reporteros de medios tradicionales, digitales y comunitarios.
Pedro Cárdenas, oficial del Programa de Protección de la organización, advierte que la violencia tiene efecto expansivo. “No se trata de silenciar a la víctima directa. Es un mensaje que busca inhibir al gremio entero, disuadir investigaciones, limitar la crítica y reducir el escrutinio público”, declaró.
Organismos internacionales como Reporteros Sin Fronteras, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos han reiterado su preocupación. En su último posicionamiento conjunto, urgieron al Estado mexicano a garantizar condiciones reales para el ejercicio de la libertad de expresión.
Violencia estructural
Especialistas coinciden en que la violencia contra la prensa en México es estructural, además de la impunidad que impera. “Existe una cadena de factores que refuerzan el riesgo: impunidad, colusión entre autoridades y crimen organizado, debilidad institucional, y políticas públicas ineficaces para la protección del gremio”, indica el investigador Ricardo González, consultor en libertad de expresión.
En este contexto adverso, el centenario del Diario de Yucatán adquiere un significado especial. Fundado en 1925 con la misión de informar con veracidad e independencia, el periódico ha atravesado cambios políticos, tecnológicos y sociales manteniendo su compromiso con la libertad de expresión, pilar de toda democracia.
Frente a los desafíos actuales, resulta urgente defender y fortalecer ese principio. La libertad de prensa no solo protege a los periodistas, sino al derecho de toda la sociedad a estar informada. En tiempos de violencia e incertidumbre, un periodismo crítico y seguro es la mejor herramienta contra el abuso de poder, la corrupción y el silencio impuesto.— Megamedia