MÉXICO.— De forma silenciosa, el Gobierno de México abrió varios sectores estratégicos a la participación de empresas estadounidenses, incluidos el litio, la energía, las telecomunicaciones, la agroindustria y los servicios digitales.

Esta decisión quedó registrada en el informe 2025 del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), aunque no fue anunciada oficialmente por las autoridades mexicanas.

Así lo exhibió a través de redes sociales el experto en comercio exterior Simón Levy:

Litio: de exclusividad nacional a inversión extranjera

De acuerdo con el reporte, la exploración y explotación del litio estaba reservada exclusivamente al Estado mexicano a través de la empresa LitioMx. Sin embargo, ahora se permitirá la participación privada—hasta del 49%—en casos que el gobierno considere de “desarrollo estratégico nacional”.

Esto abre la puerta a que empresas estadounidenses participen en la obtención de este recurso clave para la fabricación de baterías y tecnologías limpias.

En el sector energético, el informe de EE. UU. señala que antes existían retrasos y trabas que impedían a las compañías operar plantas de energía renovable, importar combustible o abrir gasolineras.

Las nuevas disposiciones permiten un acceso más amplio al mercado mexicano, lo que implica mayor competencia para la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex).

Telecomunicaciones y servicios digitales: liberalización total

México también eliminó requisitos considerados innecesarios para las empresas extranjeras en telecomunicaciones, como pruebas duplicadas o barreras regulatorias. Además, los servicios digitales y de pagos electrónicos se abrieron a proveedores de Estados Unidos, permitiéndoles acceder a parte de la infraestructura crítica de comunicación y banca en el país.

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¿Cómo afecta esto a la economía mexicana?

Estas decisiones representan un cambio importante: lo que antes eran límites regulatorios para proteger sectores clave, hoy se han convertido en accesos preferenciales para empresas de Estados Unidos.

Si bien esto podría atraer inversión y modernizar algunos sectores, también genera preocupaciones sobre la pérdida de soberanía económica y el debilitamiento de empresas estatales como la CFE o Pemex. Además, abre un debate sobre el papel que tendrá México en el manejo de sus propios recursos estratégicos en el futuro.

En resumen, aunque estas medidas podrían traducirse en mayor competencia y dinamismo económico, también implican riesgos si no se equilibran con una estrategia clara de desarrollo nacional.