La centralización del gasto en salud mediante el programa IMSS-Bienestar ha reducido los recursos estatales y afectado la capacidad financiera de los gobiernos locales, según un informe de la agencia Moody’s
La centralización del gasto en salud mediante el programa IMSS-Bienestar ha reducido los recursos estatales y afectado la capacidad financiera de los gobiernos locales, según un informe de la agencia Moody’s

CIUDAD DE MÉXICO.— La centralización del gasto en salud a través del programa IMSS-Bienestar ha tenido un efecto negativo en las finanzas de los estados, advirtió la agencia calificadora Moody’s en un informe reciente sobre el panorama fiscal de las entidades federativas.

De acuerdo con el análisis, estados que se adhirieron al programa registran una reducción gradual en los recursos destinados al sector salud, lo que ha limitado sus márgenes operativos y también afectado su capacidad presupuestaria.

“Ha representado un impacto negativo para los perfiles crediticios de las entidades federativas que se han adherido al programa, dado que la disminución del gasto estatal no ha sido proporcional a la reducción de las transferencias federales”, señaló la agencia.

El IMSS-Bienestar fue lanzado en 2022 con el objetivo de ofrecer servicios gratuitos a la población sin seguridad social, integrando la infraestructura hospitalaria de los estados bajo un esquema federal. Desde entonces, los gobiernos locales han firmado convenios para transferir al instituto parte de su personal, infraestructura y recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (Fassa).

Tras un decreto presidencial de 2024 que modificó la Ley de Coordinación Fiscal, la Secretaría de Hacienda comenzó a descontar directamente la parte convenida del FASSA para transferirla al IMSS-Bienestar. Este cambio, indicó Moody’s, generó un descenso de 23% en los recursos del fondo distribuidos a los estados.

Según la agencia, las entidades con convenio sufrieron una caída promedio de 34% (38 mil millones de pesos), mientras que las no adheridas registraron un aumento de 7%. Para 2025, el impacto se amplió: los estados con convenio tuvieron una reducción de 20%, y los demás, de 5%.

La calificadora advirtió que esta situación obliga a los gobiernos estatales a cubrir con recursos propios y participaciones federales los gastos en salud que antes se financiaban con el FASSA.

“Mientras el IMSS-Bienestar avanza en la centralización de las unidades, los estados deben sostener sus secretarías con menos apoyo federal”, concluyó.— Proceso

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