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CIUDAD DE MÉXICO, 25 de octubre de 2025 (El Universal).–  A petición de la Fiscalía General de la República (FGR), un Juez de Control vinculó a proceso penal a Alicia Paola Barrientos de la Peña, exdefensora pública federal que pidió diversas cantidades de dinero a su defendido para obtener su libertad.

En la audiencia judicial inicial, la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), de la FGR, presentó los datos de prueba al juez de Control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún.

Según las investigaciones ministeriales, la exdefensora pública solicitó diversas cantidades de dinero a la persona que defendia, quien en su momento  fue aprehendido y procesado dentro de una causa penal.

Alicia Paola Barrientos de la Peña le dijo a su defendido que el dinero era para poder obtener su libertad y para cumplir con una de las condiciones que le impuso el Juez de Control.

Tras conocer los datos de prueba, el Juez de Control en Cancún vinculó a proceso a la exfuncionaria del Instituto Federal de la Defensoría Pública Federal (IFDP), dependiente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por los delitos de fraude y cohecho.

Ante ello, Alicia Barrientos de la Peña solicitó la suspensión condicional del proceso, por un plazo de 10 meses para la reparación del daño a la víctima.

Otro vinculado: por fallido fraude

En otra causa penal, el Ministerio Público Federal (MPF), de la Fiscalía Especial de Investigación y Litigación de Casos Complejos (FEILC), presentó los datos de prueba suficientes para que una jueza de Control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Oriente en la Ciudad de México vincule a proceso a Héctor Miguel Arroyo Orrante  por el delito de tentativa de fraude.

Además, la jueza le impuso  al ahora procesado la medida cautelar de prisión preventiva justificada y dio a la FEILC plazo de dos meses para que cierre la investigación complementaria.

De acuerdo con la FGR, Arroyo Orrante presuntamente realizó una llamada telefónica a un área de la FGR en la que solicitó depósitos de dinero haciéndose pasar por un servidor público federal.

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