PLAYA DEL CARMEN.- Un juez de control vinculó a proceso a dos hombres y una mujer por su presunta participación en el delito de trata de personas en la modalidad de prostitución ajena, en perjuicio de ocho mujeres de nacionalidad colombiana.
La resolución se dictó tras el análisis de las pruebas presentadas por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo, a través de la Fiscalía Especializada en Combate a Delitos de Trata de Personas.
Las atrajeron con falsas promesas
De acuerdo con las investigaciones, las víctimas fueron captadas en Colombia mediante ofertas laborales falsas que prometían empleos bien remunerados en Cancún y Playa del Carmen.
Debido a su situación económica y social, las mujeres aceptaron viajar a Quintana Roo sin imaginar que serían explotadas sexualmente.
Al llegar al destino, los imputados les retiraron los pasaportes y las obligaron a ofrecer servicios sexuales.
TE PUEDE INTERESAR: Autoridades aseguran 2.5 toneladas de cocaína frente a costas de Michoacán
Además, les informaron que tenían una deuda de 120 mil pesos, supuestamente por los gastos de traslado y alojamiento.
Para saldarla, debían cobrar 2 mil 200 pesos por servicio, de los cuales mil se destinaban al pago de la deuda, 700 a comisiones y 400 al transporte.
Operativo de rescate
Durante las diligencias realizadas por la Policía de Investigación, se ubicó a 14 mujeres en total, seis en un departamento de Benito Juárez y ocho en Playa del Carmen.
En el operativo, las autoridades encontraron pasaportes de ciudadanas colombianas entre las pertenencias de los ahora detenidos, identificados como Francisco Ángel “N”, Joaquín “N” y Brillante “N”, quienes fueron aprehendidos tras un cateo ordenado por un juez de control.
La FGE informó que los tres detenidos también enfrentan otro proceso judicial por delitos contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo, tras ser asegurados con dosis de marihuana durante su detención.
Por ambos delitos, el juez impuso la medida cautelar de prisión preventiva, que permanecerá vigente durante el tiempo que dure el proceso judicial en su contra.