CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que el gobierno de Perú confirmó, a través de su Ministerio de Relaciones Exteriores, que respetará las inmunidades de México en territorio peruano.
Esto en relación al caso de Betssy Betzabet Chávez Chino, ex ministra peruana asilada en la embajada de México, requerida por las autoridades de su país por el fallido golpe de Estado que intentó dar el izquierdista expresidente Pedro Castillo en diciembre de 2022.
La postura incluye la inviolabilidad de los inmuebles mexicanos en Lima, entre ellos la residencia oficial, así como la protección de bienes y archivos, conforme a las Convenciones de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 y Consulares de 1963.
La Cancillería mexicana indicó que, “de conformidad con la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954 (Convención de Caracas), México ha reiterado su petición de un salvoconducto en favor de la ciudadana peruana Betssy Betzabet Chávez Chino”, quien mantiene la calidad de asilada política desde hace dos semanas.
El objetivo es garantizar su traslado seguro rumbo a México.
Recordamos que Perú rompió relaciones diplomáticas con México el pasado 3 de noviembre, después de que le fue otorgado asilo político a la exprimera ministra.
Según la SRE, la medida adoptada por México responde a “un compromiso con los principios internacionales que regulan el otorgamiento de asilo”.
La exfuncionaria peruana alegó que enfrentó “reiteradas violaciones a sus derechos humanos como parte de una persecución política del Estado peruano desde su captura en 2023”, conforme detalló la Cancillería mexicana.
Asilo político a Betssy Chávez causa ruptura diplomática entre México y Perú
De acuerdo con la posición oficial del gobierno mexicano:
La solicitud de asilo presentada por Betssy Chávez fue evaluada bajo criterios de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, así como del artículo 11 constitucional.
México calificó como “excesiva y desproporcionada” la reacción del gobierno peruano, al considerar que no existió interferencia en asuntos internos.
El viernes, un juez supremo de Perú ordenó la captura internacional y prisión preventiva por cinco meses contra Betssy Chávez, quien permanece asilada en la residencia del embajador de México en Lima.
La decisión fue emitida por el juez Juan Carlos Checkley, quien argumentó un “peligro de fuga palpable”, debido a la inasistencia de Chávez al control biométrico y a audiencias judiciales, según medios locales.
Chávez, detenida inicialmente en junio de 2023 por su presunta participación en el fallido golpe de Estado de Pedro Castillo, permaneció en prisión preventiva hasta septiembre de 2025.
La ex ministra recuperó su libertad después de que el Tribunal Constitucional determinó que fue víctima de una detención arbitraria.
Antes de conocerse la nueva orden judicial, el primer ministro peruano, Ernesto Álvarez, negó que su país irrumpa en la sede diplomática mexicana.
Afirmó que esa posibilidad es una “hipótesis negada” y subrayando que “Perú es respetuoso del derecho internacional”.
Perú declara persona non grata a Claudia Sheinbaum
Las tensiones entre ambos países escalaron el 6 de noviembre, cuando el Congreso peruano declaró persona non grata a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, por 63 votos a favor, 34 en contra y 5 abstenciones. La decisión se dio como reacción al asilo concedido a Betssy Chávez.
El congresista Guido Bellido cuestionó la decisión al señalar que, bajo la misma lógica, el Congreso habría debido declarar persona non grata al presidente de Brasil, Lula da Silva, debido al asilo otorgado a la ex primera dama Nadine Heredia.
Según el documento aprobado por la Comisión de Relaciones Exteriores, las declaraciones de Claudia Sheinbaum representaron una injerencia en asuntos internos de Perú y una ofensa al sistema democrático.
Aunque la moción se sustentó en los comentarios públicos de la mandataria mexicana en apoyo a Pedro Castillo, el debate giró principalmente en torno al asilo político a Chávez.
Las relaciones bilaterales ya se encontraban debilitadas desde 2023, cuando México no reconoció la legitimidad de la entonces presidenta Dina Boluarte.