La Corte Interamericana de Derechos Humanos admitió revisar las reformas al Poder Judicial
La Corte Interamericana de Derechos Humanos admitió revisar las reformas al Poder Judicial

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió revisar las reformas al Poder Judicial, la Ley de Amparo, la Guardia Nacional y la denominada “supremacía constitucional“.

La CIDH ordenó dar vista al Estado mexicano para que responda a los planteamientos formulados, tras admitir la acción promovida por el diputado del PAN Germán Martínez Cázares en contra, cuyo escrito se presentó el 2 de diciembre de 2025.

El propósito es echar por tierra las reformas, que, de acuerdo con el legislador, contradicen la misma Constitución mexicana y tratados internacionales.

La denuncia fue presentada mediante el mecanismo de supervisión de cumplimiento de sentencias, al considerar que las reformas constitucionales y legales aprobadas en 2024 y 2025, podrían contradecir obligaciones previamente establecidas por la Corte Interamericana en resoluciones emitidas contra el Estado mexicano.

Corte Interamericana admite revisión de la reforma judicial

En su acuerdo notificado el 2 de febrero de 2026, la Secretaría General de la Corte Interamericana determinó tener por recibido el escrito presentado por los promoventes; admitirlo en calidad de amicus curiae, es decir, como la intervención formal de un tercero con interés legítimo que aporta argumentos jurídicos para que la Corte analice si las reformas impugnadas cumplen con las obligaciones internacionales del Estado mexicano.

¿Qué sigue?

Según Germán Martínez Cázares, la CIDH podría llevar a cabo audiencias en México sobre la reforma judicial, e incluso, determinar algunas medidas cautelares.

“Ya activamos la justicia internacional. Ya se prendió una alarma. Y yo lo vuelvo a decir, la reforma obradorista del Poder Judicial está en el banquillo de los acusados en un tribunal internacional en San José, Costa Rica”, dijo ante medios.

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Además de incorporarlo a la fase de supervisión de cumplimiento; y dar traslado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a los representantes de las víctimas en los casos vinculados y al Estado mexicano, para que formulen las observaciones correspondientes.

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“El procedimiento abierto no constituye una resolución de fondo; sin embargo, confirma que la Corte Interamericana examinará si las reformas impulsadas por la mayoría legislativa son compatibles con las obligaciones internacionales vigentes para el Estado mexicano.

“Una vez que las partes desahoguen la vista otorgada, el tribunal podrá determinar las diligencias adicionales que estime necesarias conforme a su reglamento”, explicó la bancada del PAN en la Cámara de Diputados.

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