MÉXICO.- Este jueves a casi un año del hallazgo del Rancho Izaguirre en Jalisco, el colectivo Guerreros Buscadores denunció siguen encontrando restos humanos y prendas alrededor del lugar que sirvió como campo de entrenamiento del crimen organizado.

El 8 de marzo de 2025, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco denunció que identificaron un supuesto “campo de exterminio” del narcotráfico tras hallar en un predio mil 800 indicios entre pares de zapatos, ropas y artículos personales en el municipio de Teuchitlán, perteneciente a ese estado.

Tras las investigaciones, el Gobierno mexicano aceptó que el lugar era un centro de reclutamiento y adiestramiento del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que ya habían asegurado meses antes.

“Regresamos hace 15 días. Por el lugar donde entramos no había resguardo, estuvimos trabajando por los lados de afuera del Rancho Izaguirre, así como la parte trasera, logrando encontrar unos pedazos de huesos y vestimentas”, dijo Raúl Servín, miembro del colectivo en entrevista a medios locales.

Agregó que dieron a conocer el hallazgo al personal del Ministerio Público que les acompañaba, quien “dijo que sí, que eran de humano”.

Este jueves, representantes del colectivo visitaron el predio junto con autoridades estatales, además de publicar videos con los casos de personas desaparecidas exigiendo al Gobierno estatal y federal que no se olvide del caso.

El Rancho Izaguirre permanece resguardado por elementos de la Guardia Nacional.

El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas del Gobierno federal contabiliza 131 mil 840 casos. La mayoría de estos se encuentran en Jalisco, con 16 mil 79 casos, según el registro estatal.

CNDH señala omisiones en caso del Rancho Izaguirre

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) mexicana dio a conocer la recomendación 11/2026 en la que señala omisiones de la Fiscalía de Jalisco y del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) en el procesamiento de las evidencias y el aseguramiento adecuado del lugar para preservar las pruebas.

La dependencia señaló que los servidores públicos no realizaron el protocolo para la cadena de custodia de las prendas y artículos encontrados considerados evidencias criminales, vulnerando “los derechos a la legalidad, seguridad jurídica y acceso a la justicia” de las personas desaparecidas y sus familiares.

En un comunicado, la CNDH constató que, desde que la Guardia Nacional encontró por primera vez al predio en septiembre de 2024, detuvo a diez personas, armas, siete vehículos, evidencia balística y restos óseos; solicitó el aseguramiento del rancho a la Fiscalía estatal.

Esto derivó en una instrucción para que el IJCF procesara el lugar en donde encontró “un lote óseo y varios objetos que no fueron asegurados, clasificados, inventariados ni registrados” y algunas evidencias no fueron ni siquiera “mencionadas (en el dictamen) ni sometidas a procesamiento pericial”, relató la comisión.

Agregó que durante la visita masiva a medios de comunicación y personas buscadoras que la Fiscalía General de la República (FGR) permitió el 20 de marzo de 2025 se perdió el control de la zona, se alteró el lugar y los indicios que “potencialmente podrían encontrarse ahí”.

La CNDH pidió al IJCF dar una disculpa pública a las víctimas en un plazo de seis meses, mientras que la Fiscalía deberá colaborar en el procedimiento administrativo contra los servidores públicos involucrados en las omisiones señaladas.

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