NUEVA YORK (EFE).— Una coalición de 24 fiscales generales estatales presentó una demanda ante el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos, con sede en Nueva York, para que declare ilegal el arancel global del 15% impuesto por la Administración del presidente Donald Trump.
Los funcionarios argumentaron que la medida viola la Constitución y carece de sustento legal, luego de que el Tribunal Supremo considerara inconstitucional la política arancelaria impulsada por el Ejecutivo.
Durante una conferencia de prensa, los fiscales señalaron que el Gobierno invocó de manera indebida la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974 para justificar los gravámenes, a pesar de que dicha norma contempla condiciones específicas que, afirmaron, no se cumplen en el contexto económico actual.
Esa disposición fue diseñada para permitir aranceles limitados en situaciones excepcionales vinculadas a crisis monetarias, particularmente cuando existe un déficit significativo en la balanza de pagos bajo sistemas de tipo de cambio fijo.
Sin embargo, recordaron que Estados Unidos abandonó ese sistema hace más de medio siglo, por lo que los desequilibrios de balanza de pagos que la ley buscaba atender ya no se presentan en la economía moderna.
El fiscal general de Oregón, Dan Rayfield, calificó la disposición como “un estatuto arcaico que nunca fue concebido para el propósito actual que le da la Administración Trump”.
En la demanda presentada ante el tribunal, los fiscales sostienen que el mandatario está usurpando facultades que corresponden al Congreso, órgano al que la Constitución asigna la autoridad de establecer y recaudar impuestos y derechos.
“El presidente no tiene el poder de imponer estos gravámenes”, señala el documento legal, que recuerda que, durante más de un año de su mandato, Trump ha modificado o suspendido aranceles mediante órdenes ejecutivas, memorandos y decisiones administrativas.
El fiscal general de California, Rob Bonta, indicó que el Ejecutivo recurrió a la Sección 122 inmediatamente después de que el Tribunal Supremo invalidara el uso de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (Ieepa) para imponer aranceles.
De acuerdo con la demanda, el intento de utilizar esa disposición resulta “tan ilegal” como el mecanismo previamente rechazado por la Corte Suprema, ya que mantiene la misma política de expansión del Ejecutivo en materia tributaria.