Activista critica a diputada en chat privado de WhatsApp, se filtra y la denuncian; podría pagar 300 mil pesos en “reparación de daños”
CULIACÁN.- María Emma Zermeño, activista y actualmente servidora pública, fue acusada de violencia política de género después de que un “amigo” filtró una conversación privada entre ambos por WhatsApp en la que criticó a la diputada Almendra Negrete, de Morena.
Aunque inicialmente autoridades electorales desecharon la denuncia, la legisladora morenista impugnó la decisión y exigió un pago de 300 mil pesos por reparación de daños, entre otras medidas cautelares y sanciones.
Emma Zermeño vs Almendra Negrete: ¿qué decían los mensajes de WhatsApp?
Entre 2024 y 2025, Emma Zermeño intercambió varios mensajes con un amigo a través de un chat privado de WhatsApp expresándose negativamente de Almendra Negrete.
En sus conversaciones aseguró que la legisladora no tiene los meritos suficientes para el cargo que ostenta, que los logros de la comunidad LGBTTTIQNB+ no fueron gracias a ella, y que únicamente tiene su puesto por ser “la única mujer y lesbiana disponible”.
Algunos de los mensajes, refiriéndose tanto a su labor como a temas más personales incluyeron:
“Con todo respeto, pero la neta todo lo que ha avanzado lo LGBT no ha sido por ella (Almendra Negrete). Lo del Congreso lo quiso sabotear. Por eso la titular no fue”.
“Ya consíganle una novia a la almond”.
Tiempo después, la persona con quien intercambio los mensajes – cuya identidad no ha sido revelada – obtuvo un empleo con el equipo de trabajo de la morenista, y pese a responder a las críticas con frases como “p*nche Almdrea. ¿Te das cuenta que solo quiere j*oder”, tomó capturas de pantalla de las conversaciones y las entregó a la legisladora.
Con las capturas de pantalla, la diputada sinaloense armó y presentó una denuncia contra Emma Zermeño, actualmente colaboradora de la Secretaría de las Mujeres de Sinaloa.
Activista critica a diputada en chat privado de WhatsApp; se filtra y la denuncian
De acuerdo con la servidora pública, en octubre de 2025 le fue notificado que se interpuso una denuncia en su contra por violencia política con razón de género.
Ese año, el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa desechó la denuncia al considerar que las capturas de pantalla de WhatsApp no pueden utilizarse como evidencia al tratarse de una conversación privada.
El Tribunal determinó que se necesita del consentimiento de ambas partes para proseguir con el caso.
Sin embargo, Negrete impugnó dicha decisión ante la Sala Regional de Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
El TEPJF consideró que los mensajes pueden ser usados como evidencia porque uno de los participantes los entregó voluntariamente.
Ante ello, el Tribunal Electoral de Sinaloa aceptó los “pantallazos” para abrir el caso, pero determinó que no había violencia política de género.
La morenista impugnó nuevamente ante la Sala Regional de Guadalajara, y consiguió que fuera revocada la sentencia al considerarse que no hubo un análisis con perspectiva de género.
El tribunal también determinó que no se tomó en cuenta “modalidad de violencia simbólica que se configura cuando en conversaciones privadas se ejerce violencia por prejuicio”.
Diputada exige 300 mil pesos en indemnización
Según relató Emma Zermeño a medios locales, la diputada exige un pago de 300 mil pesos como reparación de daño y una disculpa pública, así como medidas cautelares de protección que fueron incluidas en su demanda.
La diputada también estaría exigiendo que la activista sea inscrita en el Padrón de Personas Sancionadas por Violencia Política de Género, lo que le parece especialmente preocupante ya que le impediría ocupar cargos públicos o realizar cursos de sensibilización.
“Sería yo la primera persona en esa lista, en el estado, eso implicaría perder mi trabajo porque cuando uno entre ahí puede permanecer dos o tres años sin poder ejercer un cargo público”.
Zermeño presentó un recurso de reconsideración ante la Sala Superior del TEPJF. Este organismo será el encargado de determinar la resolución del caso.
¿Magistrado morenista?
Un proyecto elaborado por el magistrado del TEPJF, Felipe de la Mata Pizaña, proponía desechar el recurso presentado por Emma Zermeño contra la sentencia de la Sala Regional Guadalajara que la sancionó por violencia política de género.
No obstante, el documento fue retirado de la lista de asuntos para la sesión de este miércoles y no será discutido por ahora en la Sala Superior.
En el proyecto identificado como SUP-REC-52/2026, el magistrado planteaba que el recurso de reconsideración era improcedente.
Esto al considerar que la resolución de la Sala Regional se limitó a un análisis de legalidad y no incluyó un estudio de constitucionalidad o convencionalidad de normas jurídicas.
De acuerdo con ese criterio, las sentencias de las salas regionales son, en principio, definitivas e inatacables, salvo en casos excepcionales previstos por la ley.
El proyecto también señalaba que el asunto no reunía las características de relevancia o trascendencia necesarias para que la Sala Superior lo revisara.
De aprobarse, la propuesta habría dejado firme la resolución de la Sala Regional Guadalajara, que determinó que Zermeño incurrió en violencia política de género.
Esto implicaría que el caso regresara al Tribunal Electoral de Sinaloa para emitir una nueva resolución conforme a ese criterio, lo que podría derivar en sanciones contra la ciudadana.
Un peligroso precedente
En rueda de prensa ayer martes, Emma Zermeño acusó que el proceso en su contra es un “abuso de poder”, y resaltó la diferencia de recursos e influencia entre ella y la legisladora en este caso.
“Existe una asimetría de poder económico y político”, dijo, y señaló que si los tribunales ratifican las sentencias en su contra, no cuenta con los recursos para pagar la indemnización ni las multas que se deriven.
Acompañada de representantes de colectivas feministas y organizaciones civiles, Zermeño sostuvo que una sentencia realizada a partir de una conversación privada en un medio como WhatsApp sentaría un precedente preocupante contra la libertad de expresión.
“Se estaría marcando un precedente muy peligroso en México sobre el tema de la libertad de expresión al invadirse ámbitos íntimos y privados. Cualquier conversación entre cualquier grupo de personas podría potencialmente convertirse en un delito”.
También resaltó que no conoce personalmente, ni ha tenido nunca comunicación directa con su denunciante.
“No la conozco, nunca he entablado una conversación con ella, nunca hemos compartido un espacio de trabajo [….] la denuncia deriva de conversaciones privadas sostenidas por WhatsApp y la impugnación actual busca revertir una resolución que las castigó como si el ámbito íntimo no mereciera esta protección constitucional”.