CIUDAD DE MÉXICO (EFE/El Universal).— El aumento internacional de los precios del petróleo, en el contexto del conflicto en Medio Oriente y sus efectos en el comercio global, llevó al Gobierno de México a reforzar los estímulos fiscales a gasolinas y diésel, una medida que busca contener el impacto en los consumidores, pero que implica una menor recaudación y presiones adicionales sobre las finanzas públicas.
Especialistas señalaron que el uso del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) como mecanismo de ajuste permite amortiguar el alza de los combustibles, aunque traslada el costo al erario.
“Cuando el petróleo sube, el gobierno reduce el impuesto; cuando baja, lo recompone”, explicó el analista Manuel Herrejón, quien advirtió que esta estrategia “no elimina el costo económico, sino que lo mueve al frente fiscal”.
El encarecimiento del crudo se ha visto impulsado por las tensiones en Medio Oriente, que han afectado el tránsito por el estrecho de Ormuz, una ruta clave por la que circula una quinta parte del comercio mundial de petróleo. Ante ello, la Secretaría de Hacienda ha aplicado estímulos al IEPS y promovido acuerdos con gasolineros para estabilizar precios, que se mantienen en torno a 24 pesos por litro de gasolina y 28 pesos en diésel.
No obstante, el costo de esta política es significativo. Estimaciones de instituciones financieras indican que la contención del precio de los combustibles podría implicar una merma de hasta 38 mil millones de pesos en la recaudación anual, mientras que el subsidio semanal asciende a unos 5 mil millones de pesos.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado que el gobierno revisa semanalmente ingresos y egresos para sostener esta medida.
En este contexto, el Ejecutivo federal prepara un ajuste al gasto público con el fin de evitar incrementos abruptos en los precios al consumidor.
De acuerdo con analistas, dicho ajuste podría concentrarse en el gasto corriente y en la inversión física, sin afectar programas sociales. La Secretaría de Hacienda ya prevé una reducción de alrededor de 100 mil millones de pesos en el gasto neto presupuestario para el ejercicio en curso.
Gabriela Siller, directora de Análisis Económico de Banco Base, consideró que existe margen para hacer más eficiente el gasto, aunque advirtió que históricamente los recortes suelen afectar la inversión en infraestructura. Por su parte, Gabriel Pérez del Peral, académico de la Universidad Panamericana, indicó que el ajuste podría darse en sueldos y salarios, rubro que ha mostrado incrementos recientes.
Los especialistas también alertaron sobre el deterioro de las finanzas públicas en un entorno de bajo crecimiento económico y presiones inflacionarias.
Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) muestran que la inflación anual alcanzó 4.59% en marzo, con incrementos en componentes como electricidad y combustibles.
A nivel estructural, Herrejón subrayó la necesidad de fortalecer la capacidad de refinación, producción e infraestructura energética para reducir la dependencia externa y la recurrencia de estímulos fiscales.
Asimismo, analistas de BBVA señalaron que el debilitamiento de la inversión responde en parte a factores internos, como la confianza en el entorno institucional.
El uso de subsidios, coincidieron, permite mitigar efectos inmediatos, pero plantea retos de sostenibilidad fiscal en el mediano plazo, en un escenario internacional incierto y con limitaciones económicas.