CIUDAD DE MÉXICO.- Los gobernadores mexicanos Alfonso Durazo, de Sonora, y Américo Villarreal, de Tamaulipas, no cuentan con permiso especial de entrada a Estados Unidos, asegura el diario “La Opinión”, que solicitó información al Departamento de
Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) sobre el tema.
El medio estadounidense “Los Angeles Times” informó el pasado 3 de enero que el gobierno de Donald Trump investiga a Durazo y Villarreal y que a ambos se les revocó la visa, aunque se encuentran en un programa conocido como libertad condicional por beneficio público significativo.
Permiso para estar en EE.UU. sin visa
Este “parole” suele reservarse para personas que están cooperando con las autoridades de Estados Unidos y les permite testificar ante un gran jurado para mitigar las consecuencias de cargos reales o pendientes en su contra o en contra de terceros.
El permiso permite a personas estar en suelo estadounidense, aún sin visa, siempre y cuando ello represente “un beneficio reconocido al gobierno, al interés público o a la seguridad nacional”.
Tanto Durazo como Villarreal rechazaron que sus visas hayan sido revocadas.
Respuesta del DHS
El periodista Jesús García, de La Opinión, afirma que preguntó al DHS sobre si estos gobernadores cuentan con ese “parole” o permiso especial de ingreso.
La respuesta del DHS, señala, llegó vía correo electrónico, y fue la siguiente: “Francisco Alfonso Durazo Montaño y Américo Villareal Anaya no han sido [beneficiados con tal permiso]”.
Gobernadores investigados en EE.UU.
Según “Los Angeles Times”, Durazo es investigado por presuntos vínculos con el crimen organizado, mientras que Villarreal lo es por tráfico de combustible, mejor conocido como huachicol.
Ambos funcionarios rechazaron las acusaciones en su contra y dijeron actuar con transparencia.
El reportaje del Times se da a conocer luego de que, en abril pasado, el Departamento de Justicia de EE.UU. acusó al hoy gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, junto con otros nueve funcionarios estatales, de ayudar al Cártel de Sinaloa, específicamente a la facción de “Los Chapitos”, a introducir fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina en Estados Unidos a cambio de millones de dólares en sobornos y
favores electorales.
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