Hojas de ingreso voluntario sin llenar, alimentos en estado avanzado de descomposición, medicamentos caducos y carencias en infraestructura son parte de las irregularidades que supervisores de los Servicios de Salud de Yucatán (SSY) detectaron en algunos Centros de Rehabilitación en el estado, conocidos popularmente como anexos, que fueron reportadas en actas de 2025.
Documentos obtenidos a través de la Plataforma Nacional de Transparencia detallan las observaciones que el personal de los SSY asentó en sus reportes durante recorridos efectuados de enero a diciembre del año pasado por estos lugares dedicados a la atención de personas con problemas de adicciones.
Dichas visitas denominadas “cédula de supervisión para establecimientos residenciales con módulo de ayuda mixto. Reporte de áreas de oportunidad” se realizan, de acuerdo con los documentos consultados, aproximadamente cada tres meses y cuentan con las firmas del supervisor y un representante del establecimiento.
En 2025, los Servicios de Salud del estado registraban 25 establecimientos residenciales activos, mientras que 11 estaban inactivos y en cuatro se desconocía su situación, incluso se reporta que en uno de los sitios no se les permitió el acceso a los servidores públicos.
Mérida, Progreso, Kanasín, Conkal, Oxkutzcab, Ticul, Tekax y Valladolid son los municipios que cuentan, cuando menos, con uno de estos centros bajo las modalidades de ayuda mutua, mixto y profesional.
Algunos de estos centros de rehabilitación solicitan un monto económico para poder ingresar a un paciente.
Muertes y malas condiciones
Como informamos, en enero pasado, una persona fue reportada fallecida en el interior del Centro de Rehabilitación y Desarrollo Humano La Legión Diversidad, ubicado en el fraccionamiento Faisanes de Tixcacal, al poniente de Mérida.
Previo a ese incidente, cuatro meses atrás, personal de salud estatal realizó una visita a dicho lugar. En aquella ocasión se encontró que carecían del control de registro de ingresos físicos o electrónicos, el cual incluye fecha de ingreso, datos generales de la persona usuaria, tipo de ingreso, nombre del familiar, tutor o representante que lo acompañó, alguna dirección, teléfono para avisos y fecha de egreso.
Entre otras irregularidades se encontraban la falta del menú alimentario, medicamentos no controlados caducados y la desaparición de expedientes clínicos.
“Somos una comunidad terapéutica registrada y supervisada por la Secretaría de Salud, Conasama, Codhey y las instancias correspondientes para ofrecerles un trato digno a nuestros residentes en rehabilitación” dice una publicación en la cuenta de Facebook de una comunidad terapéutica en Conkal, donde en octubre pasado los supervisores de salud observaron alimentos, como frutas y verduras, en estado de descomposición, además de que la cantidad de productos comestibles era poco para el número de personas en el lugar.
En este sitio, en los expedientes revisados no se encontraron documentos que acreditaran qué internos contaban con inscripción a un servicio de salud o carta de no derechohabiente, tampoco hojas de evolución médica y durante dos semanas no se les dio sesiones de psicoterapia.
Hacinamiento
Otra de las visitas se llevó al cabo en un centro de rehabilitación y desarrollo humano, ubicado en el fraccionamiento Los Almendros, en Ciudad Caucel, donde reportaron más usuarios de los que se tenían registrados y en algunos expedientes de ingreso no se encontraron los datos de los familiares o representante legal.
En Kanasín, un establecimiento en la colonia Francisco Villa Oriente, contaba con 15 camas para 25 hombres y solo tres camas y dos hamacas para cinco mujeres hasta noviembre pasado.
Mientras que en Ticul, en un centro de tratamiento tenían colchonetas en el piso, medicamentos de libre venta y controlados caducados, además de reportar menos internos de los que estaban en el sitio.
Sobriedad
En Oxkutzcab, en el reporte del supervisor en su visita al centro de rehabilitación se indica: “los menores (de edad) duermen donde duerme el encargado”, adicional se menciona que el encargado no pudo comprobar que no presentaba alguna adicción, pues se afirmaba que no encontró el expediente que avale lo anterior. En el reporte se indica: “No lo encontró, expresa que hace cinco años que no consume”.
De acuerdo con la Guía para la Operación de Establecimientos Residenciales Privados que brindan Servicios de Atención a las Adicciones en México, avalada por la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (Conasama) y que se actualizó en junio de 2025, en el país se han identificado más de 2 mil 500 de estos establecimientos, de los cuales 84% son privados y sólo el 7% (192) cumplen con la normatividad aplicable.
Esta guía tiene como principal objetivo “mostrar los requisitos mínimos, necesarios para el funcionamiento” de estos centros de atención a las adicciones. Sin embargo, a pesar de esto, algunos operan bajo ciertas anomalías.
El mismo organismo gubernamental reconoce que un porcentaje considerable de estos establecimientos muestra incumplimientos importantes como la ausencia del aviso de funcionamiento, fauna nociva, hacinamiento, alimentos en descomposición, condiciones insalubres, falta de un modelo de tratamiento y procedimientos acordes con las necesidades de los usuarios; así como prácticas violatorias de los derechos humanos, poniendo en riesgo la dignidad y vida de las personas.
Muertes en anexos
Además de ciertas deficiencias, los anexos se han vuelto en investigaciones ministeriales. De acuerdo con un conteo realizado por el Diario, de mayo de 2025 a febrero pasado, al menos cinco personas perdieron la vida dentro de un centro de rehabilitación en municipios como Kanasín, Umán, Mérida y Motul.
En este último municipio, tras el deceso de la persona, personal del Ayuntamiento colocó los sellos de clausura en el establecimiento por operar sin licencia municipal vigente.
Dicho lugar, no aparece en el registro de los Servicios de Salud del estado en poder del Diario, a pesar de estar brindando servicio desde hace más de un año.
Mediante la solicitud de trasparencia, la Dirección de Prevención y Protección de la Salud de los Servicios de Salud de Yucatán informó que la autoridad competente ´para “imponer sanciones administrativas, suspensiones temporales y clausuras definitivas a centros de rehabilitación para personas con adicciones es la Cofepris”.
Ante esta observación, también se consultó por la situación a la Cofepris. Vía transparencia, el organismo indicó que entre otros temas tiene las atribuciones de “imponer sanciones administrativas por el incumplimiento de las disposiciones de la ley, sus reglamentos y demás ordenamientos aplicables, así como determinar medidas de seguridad, preventivas y correctivas, en el ámbito de su competencia”.
Sin embargo, sobre la solicitud de suspensión de actividades, aseguramiento de instalaciones o clausuras a los anexos o centros de rehabilitación, así como otros puntos indicó que “no tiene relación con las facultades de esta Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios”.
Agregó que “este órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Salud es incompetente para atender la solicitud”.
Las irregularidades documentadas no sólo evidencian fallas administrativas, sino también un problema de fondo en la supervisión, regulación y funcionamiento de estos espacios. A pesar de existir lineamientos claros a nivel nacional, la realidad muestra que muchos de estos centros operan al margen de las condiciones mínimas requeridas, poniendo en riesgo la salud, la integridad y los derechos de quienes buscan en ellos una nueva oportunidad para rehacer sus vidas.
La vigilancia constante de las autoridades, así como la transparencia en la operación de estos establecimientos, se vuelve clave para evitar que lugares concebidos como refugio terminen convirtiéndose en entornos de vulnerabilidad y que pongan en riesgo la vida de las personas.—MANUEL GARRIDO PÉREZ