NUEVO LEÓN.- La Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León aprobó el inicio de un procedimiento de juicio político contra el gobernador Samuel García Sepúlveda.
Lo anterior luego de considerar que existen elementos suficientes para analizar una denuncia relacionada con una presunta triangulación de recursos públicos hacia despachos vinculados con familiares del mandatario estatal.
El Congreso local acordó citar al titular del Poder Ejecutivo para que presente su defensa dentro del procedimiento legislativo.
Samuel García deberá responder ante el Congreso local
Como parte del acuerdo aprobado por la Comisión Anticorrupción, el gobernador de Nuevo León fue convocado para comparecer el próximo 23 de junio a las 16:00 horas ante el Poder Legislativo estatal.
De acuerdo con el resolutivo, Samuel García podrá acudir personalmente o enviar su respuesta mediante escritos presentados por su representación legal.
Asimismo, las autoridades legislativas deberán notificar formalmente al mandatario y entregarle copia de la denuncia y de los documentos que integran el expediente.
¿Por qué buscan iniciar un juicio político contra Samuel García?
La solicitud fue presentada por Morena, que acusa al gobernador de presuntamente favorecer con recursos públicos a despachos relacionados con integrantes de su familia.
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Según los argumentos expuestos, la denuncia señala una supuesta triangulación de fondos gubernamentales hacia la firma denominada “Firma Jurídica y Fiscal Abogados”, cuyos accionistas serían familiares directos del mandatario estatal.
Además, se menciona que parte de los recursos habrían sido canalizados posteriormente a otras empresas, entre ellas “Saga Tierras y Bienes Inmuebles”.
Legisladores cuestionan los fundamentos de la denuncia
Durante la sesión también surgieron críticas al procedimiento. Algunos integrantes de la Comisión señalaron que la denuncia tendría un trasfondo político y cuestionaron la solidez de las pruebas presentadas.
Entre los argumentos expuestos se indicó que gran parte de los señalamientos se sustentan en investigaciones periodísticas, por lo que consideraron que debió solicitarse información adicional antes de dar trámite al juicio político.
Pese a estas objeciones, la mayoría de los integrantes de la Comisión respaldó el inicio del procedimiento y avaló la notificación correspondiente al gobernador.