CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno reforzó las acciones de vigilancia sobre las contrataciones públicas al inhabilitar a dos empresas e imponerles sanciones económicas por presentar información irregular durante procesos de licitación federal.
Autoridades informaron de la inhabilitación a las empresas Impulsora Cordobesa de Alimentos y Servicios, S.A. de C.V. y Atv de Sahuayo, S.A. de C.V., e impuso sanciones económicas de más de 600 mil pesos.
Sancionan a empresa por información falsa
Por medio de un comunicado, el Órgano Interno de Control (OIC) en el Instituto Mexicano del Seguro Social sancionó a la empresa Impulsora Cordobesa de Alimentos y Servicios con una multa de 643 mil 188 pesos e inhabilitación de 1 año, debido a que proporcionó información falsa al participar en la Licitación Pública Nacional Electrónica número LA-50-GYR-050GYR022-N-19-2024.
Señaló que dicha licitación contemplaba la contratación del “Suministro de Víveres con Entrega y Distribución en Unidades Médicas Hospitalarias, para el Régimen Ordinario y Programa IMSS Bienestar”.
Lo anterior consistente en tres contratos de compra-venta con los que pretendió acreditar que contaba con la experiencia y especialidad requerida, cuya notificación de la sanción se realizó el 18 de junio de este año.
Asimismo, precisó que el OIC en el Servicio Postal Mexicano impuso una multa de 171 mil 972 pesos e inhabilitación de tres meses a la empresa Atv de Sahuayo.
Inhabilitación por actuar de mala fe
Ya que actuó con mala fe al participar en la Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica número LA-55-J9E-055J9E001-1-26-2025, para la adquisición de “Cascos de Protección para Motociclista”.
Toda vez que adjuntó documentación e información sin cerciorarse de su veracidad y autenticidad, cuya notificación de la sanción se realizó el pasado 29 de junio de 2026.
Adicionalmente, indicó que las sanciones referidas aparecen hoy publicadas en el Diario Oficial de la Federación.
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Cabe señalar que las empresas se encuentran inscritas en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados, lo que les impide participar en nuevas contrataciones con el gobierno de México.
Igualmente, sostuvo que las medidas se emitieron conforme a la ley y considerando los criterios de proporcionalidad y gravedad de la falta.
Empresas podrán impugnar sanciones
También resaltó que las personas morales tienen derecho a impugnar las resoluciones emitidas y, en dado el caso, la Secretaría defenderá con firmeza las sanciones por haber sido impuestas con apego a derecho y en protección del interés público.
La dependencia destacó que con estas acciones refrenda su compromiso con la legalidad y la integridad de las compras públicas, “porque engañar para obtener contratos públicos tiene consecuencias”.