La senadora Alejandra Barrales anunció una iniciativa para eliminar la obligación de registrar las líneas celulares con datos personales como la CURP. La propuesta también contempla la destrucción de la información recopilada.
Alejandra Barrales impulsará una reforma para eliminar el registro obligatorio de líneas celulares con CURP y reforzar la protección de los datos personales de los usuarios

CIUDAD DE MÉXICO.- La obligación de registrar las líneas de telefonía móvil con datos personales podría cambiar en México.

La senadora Alejandra Barrales de MC, presentará una iniciativa para eliminar este requisito, al considerar que vulnera derechos fundamentales y representa un riesgo para la privacidad de millones de usuarios.

Además, la propuesta plantea destruir la información ya recopilada y derogar las disposiciones legales que condicionan la activación o permanencia del servicio celular.

Iniciativa sería presentada el miércoles

Asimismo, dijo que la iniciativa será presentada este miércoles ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

Dicha iniciativa establece derogar diversas disposiciones de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión que establecen el registro obligatorio de líneas celulares como condición para su activación o permanencia.

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Cabe señalar que propone eliminar los artículos 103, 164 fracción III y el artículo Trigésimo Transitorio de dicha legislación.

Con lo anterior se dejaría sin efecto el esquema que obliga a las personas usuarias de telefonía móvil a proporcionar información personal para conservar su servicio.

Los datos serían destruidos

Además, que todos los datos recopilados durante la aplicación de este mecanismo sean destruidos de manera definitiva.

Se buscaría impedir que la información pueda ser reutilizada, transferida o utilizada con fines distintos por autoridades o particulares.

Alejandra Barrales indicó que el acceso a las tecnologías de la información y a los servicios de telecomunicaciones es un derecho reconocido en la Constitución.

Por lo que cualquier medida que condicione el acceso a estos servicios debe analizarse bajo criterios de protección a los derechos ciudadanos.