La investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre la que la fiscal Ernestina Godoy Ramos ha descrito como “la más grande red de contrabando de combustible detectada hasta el momento” no atribuye responsabilidades penales a funcionarios públicos en activo, pese a que el presunto esquema habría operado mediante el ingreso ilegal de millones de litros de combustible por aduanas mexicanas y con movimientos financieros de gran magnitud.
De acuerdo con una investigación de Proceso, la carpeta FED/FEMDO/FEIDMHDARV-COAH/0000651/2025 reúne 90 datos de prueba —entre reportes periciales, análisis financieros y dictámenes aduanales— para sustentar la orden de aprehensión contra 25 personas, encabezadas por el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel. No obstante, el expediente no incluye a ningún servidor público como imputado o señalado por facilitar las operaciones.
La indagatoria sostiene que la organización introdujo ilegalmente 18 millones 225 mil 657 litros de combustible mediante 163 carrotanques que ingresaron por las aduanas de Nuevo Laredo y Matamoros, en Tamaulipas. El hidrocarburo, procedente de al menos ocho empresas establecidas en Texas, fue declarado con pedimentos presuntamente falsificados para hacerlo pasar como solución de cloruro de calcio.
Aunque la FGR menciona la participación de dos agentes aduanales, éstos son considerados particulares conforme a la Ley Aduanera. Los funcionarios de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y de la Secretaría de Energía (Sener) que aparecen en la investigación únicamente figuran como denunciantes, informantes o responsables de elaborar reportes técnicos.
Omisiones oficiales
La narrativa ministerial sostiene que el esquema se apoyó en la simulación documental y el engaño técnico para introducir el combustible, sin señalar que hubiera colaboración interna de autoridades. Sin embargo, la investigación también documenta que la empresa Ingemar importó mil 766 millones de litros de combustible con permisos que autorizaban únicamente 173 millones, un excedente superior al 900% sin que, según las pruebas integradas, se activaran alertas administrativas.
La carpeta también identifica una red de 11 empresas utilizadas para simular operaciones comerciales y lavar recursos. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) rastreó mil 492 operaciones financieras, entre depósitos, retiros y transferencias, de las cuales mil 470 ocurrieron entre cuentas mexicanas. Asimismo, detectó movimientos hacia Texas, Dubái y Alemania, además de facturación presuntamente simulada por más de 9 mil 400 millones de pesos y depósitos por mil 926 millones a una empresa con un solo empleado registrado.
Pese a esos hallazgos, la FGR no imputa a funcionarios del sistema financiero ni de las instancias de fiscalización por omisiones o por presuntamente facilitar el lavado de dinero.
Búsquedas digitales
Entre los 90 datos de prueba, al menos cinco provienen de consultas en fuentes abiertas, búsquedas en internet y redes sociales. La Fiscalía utilizó esa información para corroborar la identidad de los implicados, reconstruir el historial de las empresas y documentar antecedentes públicos, incluidos reportes periodísticos sobre presuntas irregularidades.
La investigación también incorpora dictámenes periciales en química, ingeniería y volumetría que confirmaron el transporte de combustible no declarado, además de operativos de vigilancia realizados en varios estados para localizar a los presuntos responsables, sin éxito. Tras una primera negativa judicial, una jueza federal libró las órdenes de captura el 14 de julio y, el pasado 23 de julio, vinculó a proceso a los primeros ocho detenidos, entre ellos Ernesto Ruffo Appel.