CIUDAD DE MÉXICO.— La senadora del PAN Lilly Téllez presentó un punto de acuerdo para condenar las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum del pasado 5 de agosto, cuando reconoció que algunos medios son excluidos de la publicidad oficial, y pidió al Poder Ejecutivo informar los criterios para asignar esos recursos y frenar la estigmatización y los ataques contra la prensa.
En el documento, publicado en la Gaceta Parlamentaria de la Comisión Permanente, se señala que la Presidenta reconoció que medios como El Universal, Reforma y TV Azteca son excluidos debido a su postura crítica frente al Gobierno Federal.
La senadora indicó que esa medida constituye un uso indebido de recursos públicos, contrario al artículo 134 constitucional, además de una restricción indirecta a la libertad de expresión y de prensa, en términos del Principio 13 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Ante ello, solicitó a la titular del Poder Ejecutivo Federal abstenerse de expresiones o prácticas que estigmaticen, presionen o propicien el linchamiento mediático de periodistas y medios de comunicación.
#CallarAMéxico 📺 🛑La senadora del PAN (@AccionNacional), Lilly Téllez (@LillyTellez), habló sobre la intención del Gobierno Federal de sacar los lineamientos para la censura e hizo un llamado a que no se ataque a los mexicanos que, bajo total libertad, deciden ver TV Azteca… pic.twitter.com/PNDK6MzFGM
— adn Noticias (@adnnoticiasmx) August 13, 2026
También pidió garantizar, en los hechos y no solo en el discurso, que el gasto en publicidad oficial se sujete a criterios objetivos y no discriminatorios, ajenos a cualquier lógica de premio o castigo por la línea editorial.
El punto de acuerdo propone que la Comisión Permanente exhorte a la presidenta Sheinbaum y a la Coordinación General de Comunicación Social de la Oficina de la Presidencia de la República a remitir al Congreso, en un plazo no mayor de siete días naturales, un informe público, completo y desagregado por dependencia, entidad y medio de comunicación.
El reporte deberá detallar el gasto ejercido en publicidad oficial y comunicación social desde el primero de diciembre de 2024 a la fecha, así como los criterios objetivos, cuantificables y verificables utilizados para su asignación, en cumplimiento del artículo 134 de la Constitución.
En la propuesta se insiste en que restringir la publicidad oficial a medios críticos representa un ataque indirecto a la libertad de expresión y de prensa, de acuerdo con los principios establecidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Por ello, se solicita al Ejecutivo abstenerse de prácticas que estigmaticen o presionen a periodistas y medios, y garantizar que la publicidad oficial se distribuya con criterios objetivos y no discriminatorios, sin utilizar los recursos públicos como mecanismo de premio o castigo por la línea editorial.