Artículo 19 cuestionó los señalamientos del Gobierno de México contra periodistas y medios de comunicación críticos. La organización advirtió posibles riesgos para la libertad de expresión.
Artículo 19 rechazó el señalamiento de periodistas y medios críticos presentado por el gobierno de México y advirtió posibles riesgos para la libertad de prensa

CIUDAD DE MÉXICO.- El señalamiento de periodistas y opositores desde espacios oficiales generó una nueva alerta sobre la libertad de expresión en México.

Artículo 19 cuestionó el uso de recursos y funciones institucionales para identificar a comunicadores críticos del gobierno que supuestamente encabezan un esquema digital de amplificación de mensajes en contra del gobierno y del movimiento de la llamada Cuarta Transformación.

Por medio de un pronunciamiento, la asociación civil expresó su preocupación por el uso que se le da al espacio denominado “Derecho de Réplica”.

Lo anterior debido a que, dijo, contraviene estándares internacionales en materia de libertad de expresión y de acceso a la información.

Asimismo, advirtió que esto plantea serios cuestionamientos sobre la constitucionalidad del uso de recursos públicos y las funciones que el propio Estado mexicano se atribuye.

Aunque Luisa Alcalde rechazó que exista una “lista negra” de críticos del gobierno, Artículo 19 señaló que la consejería jurídica estaría extralimitándose de sus funciones al estigmatizar la labor periodística y generar violencia digital hacia la prensa.

Alertar sobre amenazas en redes sociales contra periodistas

También alertó que esto podría generar hostigamientos, intimidaciones e incluso amenazas en redes sociales contra periodistas y medios de comunicación.

Derivado de los señalamientos de “estar pagados por la derecha” o de “recibir instrucciones de gobiernos extranjeros”.

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Igualmente, rechazó que desde el poder se denuncie una presunta red digital para impulsar narrativas sin mostrar evidencia ni datos técnicos para sustentar dicha presunción, lo que contribuye a generar más desinformación en lugar de combatirla.

Apuntó que “el monitoreo de redes sociales presentado por la Consejería Jurídica de la Presidencia es contrario a la garantía y protección de la libertad de expresión, ya que implica utilizar recursos y capacidades institucionales para seleccionar, clasificar y señalar a medios de comunicación y periodistas cuyos contenidos resultan críticos, incómodos o chocantes para el gobierno”.

De igual manera, Artículo 19 lamentó que acciones como esta se alejan de los objetivos asociados con una sociedad democrática y pueden convertirse en instrumentos que generen efectos de autocensura.