El Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) advirtió ante la Asamblea General que existen indicios bien fundados de que en México se cometen desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad y que esa práctica persiste, por lo que pidió considerar con carácter urgente la situación del país.
Al presentar el informe anual del organismo ante la Tercera Comisión de la Asamblea General, su presidente, Juan Pablo Albán Alencastro, explicó que la conclusión se sustentó en información proporcionada por el Estado mexicano, contribuciones de víctimas y organizaciones civiles, así como en antecedentes reunidos desde 2012.
“El órgano concluyó que existen indicios bien fundados de la comisión de desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad y de la persistencia hasta la actualidad de esa práctica”, afirmó.
Piden tomar con seriedad la crisis de desapariciones en México
Juan Pablo Albán llamó a los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas a tomar con seriedad la crisis de desapariciones en México y evitar que el tema quede atrapado en intereses políticos o diplomáticos.
Durante la presentación de su informe anual, el jurista expresó su preocupación por la situación que enfrentan las víctimas y sus familias, y pidió que sus demandas de verdad, justicia y reparación sean escuchadas.
El organismo aclaró que su determinación no implica declarar la responsabilidad internacional de México ni encontró indicios fundados de una política federal deliberada para cometer desapariciones forzadas o tolerarlas mediante omisiones. Sin embargo, señaló que persisten problemas estructurales que requieren atención.
En México hay más de 135 mil personas desaparecidas y no localizadas, de acuerdo con la cifra citada en uno de los informes.
Entre las medidas que el Comité planteó explorar figuran el fortalecimiento de las labores de búsqueda, la identificación forense, la investigación de posibles vínculos entre agentes estatales y organizaciones criminales, así como la protección de las víctimas y sus familias.
Gobierno de México rechaza informe de la ONU
Por su parte, la delegación de México rechazó la interpretación del Comité sobre el alcance y la aplicación del artículo 34, y sostuvo que la búsqueda de personas desaparecidas es una prioridad nacional.
Afirmó que el Estado no consiente ni tolera este delito y que las desapariciones son cometidas principalmente por grupos delictivos, aunque reconoció la participación de autoridades, sobre todo del ámbito municipal.
Como parte de su respuesta, el gobierno informó que durante 2026 fueron localizadas más de 16 mil personas, la mayoría con vida.
También aseguró que fortaleció la Comisión Nacional de Búsqueda, las fiscalías y los mecanismos de identificación humana, además de integrar con el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos un grupo de especialistas nacionales e internacionales para revisar científicamente el Registro Nacional de Personas Desaparecidas.
Retiran a víctimas de desaparición en Naciones Unidas
Durante la presentación del informe, un grupo de víctimas fue retirado de la sala de la Asamblea General después de mostrar fotografías de sus familiares desaparecidos, lo que Albán calificó de “profundamente lamentable” y sostuvo que las familias merecen respeto y ser escuchadas.
También advirtió que el asunto no debe quedar relegado por cálculos políticos o consideraciones diplomáticas.
Las víctimas y sus familias necesitan una discusión seria que se traduzca en resultados concretos en materia de verdad, justicia y reparación, enfatizó.
Impunidad, rezago forense y riesgos
En ese contexto, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) llamó al gobierno mexicano a aprovechar la oportunidad de cooperación internacional.
Advirtió que las medidas anunciadas por las autoridades no resuelven problemas como la impunidad, el rezago forense y los riesgos que enfrentan las personas buscadoras.
El Comité insistió en que la aplicación del artículo 34 debe traducirse en acciones efectivas para atender la crisis y no limitarse a compromisos diplomáticos.
La decisión deja abierta la posibilidad de que la Asamblea General considere apoyos internacionales para fortalecer la búsqueda, esclarecer los casos y brindar protección a las familias.
* Con información de El Universal