Presidente Andrés Manuel López Obrador
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador durante su conferencia de prensa en Palacio Nacional, en Ciudad de México

El presidente López Obrador criticó decisión de la SCJN y la acusó de “proteger la corrupción y a la minoría“

CIUDAD DE MÉXICO.- La mañana de este martes, durante su acostumbrada rueda de prensa, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, criticó el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por invalidar la reforma que impulsó su Gobierno para establecer prisión preventiva obligatoria para delitos relacionados con defraudación fiscal, contrabando y venta de facturas.

“Va en la línea de seguir protegiendo la corrupción y de seguir apoyando a las minorías”, dijo el mandatario.

YouTube video

También le podría interesar: “Corte invalida prisión preventiva por defraudación fiscal y facturación falsa”


Acción de inconstitucionalidad

Las críticas del presidente López Obrador surgen un día después de que la SCJN dio la razón a la acción de inconstitucionalidad que presentaron partidos de oposición en el Senado y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) contra las reformas de 2019.

YouTube video

Iniciativa de Morena

Los legisladores afines al mandatario, impulsaron ese año reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales y a la Ley de Seguridad Nacional para castigar como delincuencia organizada los crímenes que tienen que ver con contrabando de facturas y fraude fiscal.

En su reunión con los representantes de los medios, López Obrador consideró que la Suprema Corte invalidó la prisión preventiva porque “se trata de delincuentes de cuello blanco” y “no pueden ir a la cárcel los ‘fifís’“, como él acostumbra llamar, de forma burlona, a las personas de clase alta.

“Creo que es seguir protegiendo a las minorías y castigando solo a los que no tienen agarraderas, influencias o no tienen con qué comprar su inocencia, me parece que no se actuó bien”, argumentó el mandatario.

Respeto al fallo

López Obrador admitió que respetar el fallo de la Corte. “Nosotros vamos a respetar la decisión de la Corte porque queremos estar en un auténtico de Estado de derecho”, manifestó.

Incluso, el presidente indicó que la decisión muestra que “es muy claro que los ministros de la Corte actúan con absoluta libertad”.

“En nuestro país hay división e independencia en los poderes, como no sucedía antes, en décadas. Antes el poder de los poderes era el Poder Ejecutivo. Esa es una primera lección para los que no creen en la transformación”, expresó.

División en la Corte

El debate de la Corte mostró divisiones con una votación de ocho a favor de la invalidez y tres en contra, incluyendo los de las ministras Margarita Ríos-Farjat y Yasmín Esquivel, ambas propuestas por López Obrador.

El presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, se opuso de forma contundente a las reformas del Gobierno por considerar la prisión preventiva “contraria al principio de presunción de inocencia“.

Presos sin sentencia

En México el 43% de los presos no tienen sentencia, lo que representa más de 94,000 prisioneros, lo que ha causado la crítica de organismos internacionales de derechos humanos por el abuso de la prisión preventiva.

Los artículos considerados inconstitucionales por la Suprema Corte son los que aplicaban de oficio la prisión preventiva en los delitos de contrabando, defraudación fiscal y los relacionados con la expedición, enajenación, compra y adquisición de facturas falsas.


También le podría interesar: “Explotan en redes por fotos y vídeo de Lozoya en lujoso restaurante”


El caso Lozoya

La decisión judicial llega poco después de que se generara una gran polémica por la divulgación de las fotografías de Emilio Lozoya, exdirector de la paraestatal petrolera Pemex y actual testigo protegido de la fiscalía, en un restaurante de lujo a pesar de estar bajo proceso en un caso de corrupción por cientos de millones de dólares.


También le podría interesar: “Esta es la lista de los 31 científicos del Conacyt acusados por la FGR”


Científicos perseguidos

Y también cuando la Fiscalía General intenta encarcelar a 31 académicos en una prisión de máxima seguridad porque asegura que recibieron indebidamente unos 2.5 millones de dólares en fondos del gobierno hace varios años aunque las leyes de aquel momento permitían dichas aportaciones.