El sueño de una joven mujer de adquirir una vivienda terminó abruptamente al caer, presuntamente, en un esquema de fraude relacionado con la venta de casas en un fraccionamiento de Chichí Suárez. De acuerdo con su testimonio, el caso involucra a quien se presentaba como representante del desarrollo habitacional y habría afectado a decenas de personas, dejando sus ahorros en riesgo y proyectos de vida truncados.
Y.M.L. relató que, tras años de ahorro, en marzo de 2024 vio en redes sociales la oferta de un supuesto desarrollo inmobiliario. Las imágenes de las viviendas y la visita a unas “casas muestra” la convencieron de adquirir una propiedad en modalidad de preventa. El 2 de mayo de ese año entregó 20,000 pesos para apartar la casa y, el 13 de mayo, firmó un contrato de promesa de compraventa en oficinas ubicadas en Chichí Suárez, donde aportó 195,000 pesos como parte del enganche.
Según el acuerdo, el enganche se completaría en 12 pagos mensuales de 27,000 pesos, de modo que al momento de la entrega de la vivienda ya estuviera cubierto. El valor total del inmueble era de 2 millones 150,000 pesos. La afectada explicó que su confianza se vio reforzada porque el vendedor era esposo de una conocida suya en Tizimín, relación que, con el tiempo, consideró una trampa. “Nunca investigué a la persona; si lo hubiera hecho, habría sabido que tenía demandas desde 2021”, señaló.
De acuerdo con la denunciante y otras víctimas, el presunto representante ofrecía facilidades de pago y prometía avances en la construcción, mientras el dinero era desviado a otros fines. Durante más de un año, Y.M.L. acudió en diversas ocasiones al terreno donde se edificaría su casa, sin encontrar avances. A pesar de haber cubierto aproximadamente la cuarta parte del valor del inmueble, las respuestas que recibía eran excusas relacionadas con falta de solvencia y supuestos problemas administrativos.
Terreno estaba hipotecado a un tercero
Ante las inconsistencias, la joven investigó la situación legal del predio y descubrió que el terreno no podía venderse, ya que, aunque estaba a nombre del vendedor, estaba hipotecado a favor de un tercero, también originario de Tizimín. Al confrontarlo, éste le aseguró que las personas que figuraban como propietarias eran inversionistas y que la hipoteca se liberaría una vez entregada la vivienda y realizado el cambio de propietario.
En un intento por resolver la situación, la afectada aceptó otorgar una prórroga de seis meses. El 28 de julio de 2025, ante notario público, se firmó un adéndum al contrato que establecía una penalización del 10% del valor total del inmueble si no se entregaba al menos el 70% de la construcción para el 15 de diciembre de 2025. La entrega no se concretó. Al acudir nuevamente al predio, la mujer encontró el mismo panorama: un terreno irregular, cubierto de maleza y sin obras visibles.
Ante la posible comisión de un delito, Y.M.L. presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, integrada en la carpeta de investigación FGE/Oriente/Una dt-187/2026, con fecha de inicio del 22 de enero de 2026.
La denunciante aseguró que su caso no es aislado. Su prima también adquirió una vivienda en el mismo desarrollo y, además, ha logrado contactar al menos a otras diez personas con situaciones similares. Algunas no han visto iniciar la construcción de sus casas y otras, aunque ya habitan los inmuebles, no han podido escriturar debido a irregularidades legales y terrenos hipotecados.
Entre los casos que conoce, mencionó el de un hombre de 85 años, originario de Texas, quien viajó a Yucatán para firmar las escrituras de su casa y descubrió que no podía hacerlo, pese a haber pagado de contado alrededor de dos millones de pesos.
Denuncias previas por fraude
De acuerdo con la información que ha recabado, el vendedor, sus padres y su esposa enfrentan denuncias previas por fraude. Señaló que la familia habría utilizado el dinero de los compradores para sostener un estilo de vida lujoso, bajo esquemas que podrían configurar delitos patrimoniales.
Y.M.L. afirmó que decidió hacer pública su experiencia para evitar que más personas resulten afectadas por el presunto fraude.
“Quiero que me devuelvan mi dinero, pero también que nadie más pase por lo que estoy viviendo”, expresó.
Añadió que llevará el caso hasta las últimas consecuencias e incluso buscará impulsar modificaciones legales en la materia, por lo que hizo un llamado a las autoridades a investigar a fondo y garantizar justicia.