Columna 7
Por Pablo Pérez Akaki
Hace algunos días en esta columna (28/01/18) comentamos el informe de Oxfam sobre la desigualdad en el mundo, ahora nos compete recuperar algunos elementos de información sobre la parte correspondiente a México. Este documento se titula “México justo: Propuestas de políticas públicas para combatir la desigualdad” y también fue publicado previo al Foro Mundial de Davos y en la coyuntura del proceso electoral nacional.
Según el estudio, en México podemos encontrar personas tan ricas, de talla mundial, como personas tan pobres también de nivel mundial, es decir, sobresalimos por la gran desigualdad de ingresos que tiene la población en el país. Señala el informe que los ingresos del 5% más pobre en el país son similares al del 2% de la más pobre del mundo, así como los ingresos del 5% de los más ricos del país equivalen a los del 5% de los más ricos mundiales.
Dicho de otra manera, las 10 personas más ricas del país (8 hombres y 2 mujeres) tienen una riqueza equivalente al 50% de la población. Estas cifras son resultado de un crecimiento desproporcionado entre la riqueza de los más altos y los más bajos niveles de la sociedad.
En el año 2000 el 1% poseía el 24% de la riqueza nacional, mientras que para 2017 esta proporción se había incrementado al 28%, principalmente por medio de los sectores de telecomunicaciones, banca comercial y minería.
Al mismo tiempo, es posible argumentar que dichas élites económicas tienen un nivel de influencia muy alto en las políticas públicas, la cual les permite mantener su estatus a lo largo del tiempo, así como incrementar su situación frente al resto de la sociedad. Ello nos lleva a pensar en una frase muy conocida, “la mafia del poder”, que por igual controla la economía y la política en su beneficio y no necesariamente en beneficio de la sociedad.
El argumento de que la inversión genera empleo, eso genera ingresos y por consecuencia bienestar no es estrictamente lineal ni automático. El incremento del empleo que se presume en los últimos años de gobierno no necesariamente es congruente con el bienestar, que es más que una dimensión económica. Incluso el incremento del empleo formal que se presume en la actual administración no necesariamente es sinónimo de mayores ingresos para los trabajadores, ni de condiciones dignas de vida, sino como algunos argumentan más bien se asocia a la subcontratación como efecto de las reformas laborales y a la mayor fiscalización del IMSS (Enrique Quintana, El Financiero, 16/02/2018).
Ante estas circunstancias, el escenario para las elecciones del año 2018 se observa nuevamente complejo, donde las personas pueden destinar su voto a aquel que le ofrezca un mayor beneficio en el corto plazo, aunque en el largo plazo no represente alguna diferencia. Aunque las opciones políticas que se dejan ver tampoco parecen ser muy prometedoras.— Mérida
Profesor en la FES Acatlán, UNAM y profesor de Posgrado en la Universidad Anáhuac Mayab