CANCÚN.— Rosaura Villanueva Arzápalo, titular de la Fiscalía Anticorrupción, informó que ésta investiga la supuesta participación de dos exfuncionarios estatales en la “Estafa Maestra“.
Las pesquisas se enfocan en el presunto desempeño irregular de dos exfuncionarios del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social (SQCS), quienes hoy día están amparados.
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También se atiende ese litigio para presentarlos ante un juez, manifestó la fiscal.
Millonarios desvíos
Este caso implica el desvío de 743 millones de pesos, pero primero tenemos que delimitar lo que nos compete como Estado y la Federación determinará si investiga su parte, indicó Rosaura Villanueva.
La denuncia la interpusieron el Auditor General y la Contraloría del Estado por el delito de desempeño irregular de la función pública, precisó.
“Nosotros investigamos lo que compete al Estado y logramos obtener dos órdenes de aprehensión, confirmadas en amparo”.
La funcionaria señaló que están en el proceso de revisión contra los amparos que confirmaron las dos órdenes de arresto de los presuntos indiciados.
Solo en lo estatal
La demanda establece un pago indebido de 743 millones de pesos por parte del SQCS a algunas empresas.
“Estamos determinando cuánto es la parte que correspondería al Estado y cuánto a la Federación”.
“Derivado de eso denunciamos el desempeño irregular de los funcionarios públicos del Estado, pero no por lo que compete al tema federal”, añadió.
Rosaura Arzápalo recordó que el dinero lo envió la Federación al Estado para ejecutarlo en determinados rubros, y en el Estado se investiga el posible pago indebido a algunas empresas con dinero federal.
Reclamo a la autoridad
En su momento se determinará cuál podría ser el destino de alguna cantidad que corresponda al Estado para que, una vez conocido el detrimento, se reclame.
“Tenemos dos órdenes de aprehensión, las cuales se han consignado en amparo y estamos en espera, litigando la revisión”, apuntó la fiscal.
“Nos estamos allegando más datos de prueba porque, para llegar a una orden de aprehensión, la ley y el sistema penal exigen la justificación de una conducta delictiva y que el imputado haya participado en ella”.