PARÍS, Francia.— Este jueves, la manifestación contra la reforma de las pensiones en París terminó en duros enfrentamientos entre elementos violentos y las fuerzas del orden, la destrucción de mobiliario urbano y de escaparates comerciales.
Grupos de choque durante la manifestación
Individuos vestidos de negro y con el rostro cubierto con capuchas que iban varios metros por delante del bloque sindical lanzaron proyectiles a las fuerzas policíacas, que respondieron con gases lacrimógenos durante el recorrido entre la plaza de la Bastilla y la Ópera donde estaba previsto que finalizara la marcha.
En algunos puntos, estos individuos encapuchados incendiaron la basura acumulada en las calles, debido a la huelga de recolectores, que se ha prolongado por más de dos semanas, lo que obligó a intervenir a los bomberos.
A media tarde, fuentes policiales indicaron que se habían llevado al cabo 14 arrestos.
Más 800 mil personas en la manifestación sindical
De manera independiente a esos disturbios, la manifestación sindical se llevó al cabo de forma pacífica, en la que participaron unas 800,000 personas, según las primeras cifras de la CGT, lo que de confirmarse sería la mayor concentración desde que el pasado 19 de enero comenzaron las protestas contra la reforma de las pensiones.
Además de París, también hubo incidentes en otras ciudades como Rennes, Nantes, Burdeos o Lorient.
Los principales líderes sindicales se habían desmarcado de los actos violentos y los condenaron, al tiempo que acusaron al presidente, Emmanuel Macron, de apoyarse en ellos para desacreditar la fuerza de sus manifestaciones.
Novena jornada de protestas
Francia vive la novena jornada de protestas contra un texto de ley que retrasa en dos años, hasta los 64, la edad mínima de jubilación, que fue definitivamente aprobada este lunes después de que fracasaran dos mociones de censura contra el Gobierno, una de ellas por tan solo nueve votos.
Macron aseguró este miércoles que espera que la reforma entre en vigor antes de que termine el año, una vez que reciba el visto bueno del Consejo Constitucional, mientras que los sindicatos aseguran que mantendrán las protestas y las huelgas para forzar la mano al Ejecutivo y que la retire.