SAN JOSÉ (EFE).— Centroamérica vive un proceso creciente de autoritarismo, siendo el gobierno que preside Daniel Ortega en Nicaragua “el caso más crítico”, según concluyeron ayer tres expertos durante un foro celebrado en Costa Rica.
En el foro, denominado “Nuevos autoritarismos en Centroamérica, similitudes y tendencias en el siglo XXI”, organizado por el Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica (Cetcam), los expositores concluyeron que en Nicaragua se ha establecido “un orden legal para criminalizar a la oposición y configurar en estado totalitario”.
“La realidad nicaragüense quizás sea la más compleja en la región centroamericana. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha consumado una dictadura totalitaria que ha pretendido, infructuosamente, eliminar cualquier tipo de disidencia interna formal y visible, luego de la insurrección cívica de 2018”, dijo el abogado e investigador nicaragüense Juan Diego Barberena durante el foro.
Barberena aseguró que en Nicaragua ha aumentado “la radicalización del ejercicio del poder político del orteguismo, incapaz de restablecer sus alianzas políticas que en el antaño, con actores como la empresa privada, le dieron una suerte de estabilidad a su proyecto”.
A juicio del investigador, Ortega, en el poder en Nicaragua desde 2007, ha avanzado “en la constitución de un Estado totalitario, desmantelando grupos organizados de la oposición, aplastando la voces proféticas de la Iglesia católica, eliminando miles de organizaciones civiles y consolidando su control sobre las instituciones públicas”.
Militarización
La socióloga nicaragüense Elvira Cuadra coincidió en que “el caso más crítico es el de Nicaragua”, donde la pareja gobierna con mano de hierro.
En general, Elvira Cuadra dijo que en Centroamérica se ha reforzado el presidencialismo y la centralización en la toma de decisiones. También que se ha dado una ruptura del balance e independencia entre los poderes, “como consecuencia del reforzamiento del presidencialismo”, indicó.
Además, agregó, se han “militarizado las sociedades” bajo el pretexto de la pandemia del coronavirus, además por los graves problemas de inseguridad y violencia que prevalecen en toda la región.
Sobre el “militarismo y militarización”, Elvira Cuadra, quien es experta en temas de defensa y seguridad, afirmó que se ha dado un “resurgimiento de políticas de seguridad de carácter coercitivo y punitivo para responder a descontentos, conflictos y demandas sociales”.
Es decir, puntualizó, los gobiernos de la región están haciendo uso de la fuerza “para contener descontentos, conflictos y movilización social” y con ese fin han creado “marcos jurídicos para dar preeminencia a fuerzas armadas y decisiones coercitivas”.
También advirtió que “las organizaciones sociales se encuentran amenazados por los nuevos autoritarismos” a través de la creación de marcos jurídicos que limitan el derecho de asociación, el ocultamiento de información, la instrumentalización de los aparatos judiciales para perseguir y controlar a las ONG, los discursos que criminalizan a organizaciones y defensores de derechos humanos.
Análisis Foro
Más del análisis que realizaron ayer expertos en foro celebrado en Costa Rica.
Bajo ataque
“Todo aquel que trabaje en la construcción de la democracia es víctima del autoritarismo“, razonó la también investigadora Katherine Ramírez, autora del informe “Defensores bajo ataque”.
Víctimas
De acuerdo con la especialista Katherine Ramírez, los activistas en Centroamérica son víctimas de allanamientos y confiscaciones, detenciones “express“, hostigamientos, campañas de difamación, destierro y exilio forzado, desnacionalización y persecución judicial, así como de los asesinatos selectivos.