MÉXICO.- El gobierno mexicano ha comenzado a investigar detalladamente a las instituciones financieras señaladas por Estados Unidos por presunto lavado de dinero del narcotráfico.
De acuerdo con un investigación de El País, la Fiscalía General de la República (FGR) investiga una serie de transferencias millonarias realizadas en 2017 por la empresa Prestadora de Servicios Murata, S.A. de C.V. a la casa de bolsa Vector.
Murata, identificada como una compañía fachada vinculada al Cártel de Sinaloa, ya sancionada por Hacienda, transfirió a Vector casi 98 millones de pesos a través de 53 movimientos. La FGR remitió el caso a la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada (FEMDO).
El Departamento del Tesoro de EE. UU. acusó recientemente a CI Banco, Intercam y Vector de tener una participación relevante y continua en el lavado de dinero para cárteles mexicanos, así como de facilitar pagos para adquirir precursores de fentanilo desde China.
Las autoridades estadounidenses aseguran que entre 2013 y 2021, un integrante del Cártel de Sinaloa lavó alrededor de dos millones de dólares a través de Vector, además de utilizarla para pagos relacionados con el tráfico de fentanilo. Este cartel, liderado por Joaquín “El Chapo” Guzmán, es señalado como el principal proveedor de esta droga sintética en EE. UU., donde ha causado miles de muertes por sobredosis.
Casa de bolsa mexicana investigada por lavado de dinero y fraude
Vector es una firma de corretaje de valores en la que participa como accionista Alfonso Romo, exconsejero empresarial de Andrés Manuel López Obrador. De acuerdo con el Departamento del Tesoro, la casa de bolsa gestiona 11 mil millones de dólares en activos.
Ante la gravedad de los señalamientos, el gobierno de Claudia Sheinbaum solicitó pruebas concretas a las autoridades estadounidenses. Además, una organización civil presentó una denuncia ante la Fiscalía mexicana contra Vector y Murata por delitos como lavado de dinero, fraude fiscal y delincuencia organizada, respaldada por documentación de las transferencias, que incluyen movimientos desde menos de 200 pesos hasta casi 20 millones. El 12 de mayo de 2017, por ejemplo, Murata hizo ocho depósitos a Vector que totalizaron 27 millones de pesos.
Murata, empresa fantasma al servicio del Cártel
En 2021, el SAT declaró oficialmente a la empresa Murata como una firma fantasma, al considerar que simulaba actividades empresariales bajo la apariencia de dedicarse al sector militar, cuando en realidad emitía facturas falsas para lavar dinero. Según las autoridades, detrás de esta fachada se encuentra una familia que opera como brazo financiero del Cártel de Sinaloa. La compañía fue creada en 2014 por el hijo de Nino Ferrari Gleason, quien administraba negocios para Manuel Rodolfo Trillo Hernández, alias La Trilladora, un reconocido operador financiero del grupo criminal de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Murata mantenía vínculos con otras empresas factureras mediante el uso de prestanombres y movimientos de dinero entre sí, una táctica común en el lavado de activos. Tanto la Fiscalía General de la República (FGR) como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) aseguran que La Trilladora, detenido en 2015, lavó más de 6 mil millones de pesos haciéndose pasar por empresario, y fue clave en el financiamiento del túnel por el que El Chapo escapó del penal del Altiplano ese mismo año.
Incluso estando preso, La Trilladora habría movido al menos 901 millones de pesos con ayuda de Nino Ferrari, quien, según una investigación revelada por el diario Reforma, usó como prestanombres a su hija y a meseras de Sanborns para montar más empresas fantasma. A Ferrari lo detuvieron en julio de 2024, acusado de lavado de dinero y delincuencia organizada. Por su parte, La Trilladora recibió una sentencia leve en febrero de 2025, luego de que un juez desestimara los cargos más graves en su contra.
Empresa ligada al narco, operó con recursos públicos de Nuevo León y Chiapas
Además de colaborar con el Cártel de Sinaloa, Murata también obtuvo millonarios contratos con instituciones y gobiernos vinculados al PRI, por un total superior a 301 millones de pesos, según registros fiscales consultados por este medio. La mayoría de esos recursos —alrededor de 279 millones, es decir, el 92%— provinieron de Nuevo León, donde se convirtió en uno de sus principales beneficiarios. Varios contratos fueron firmados directamente por Paolo Ferrari, hijo del operador financiero La Trilladora y fundador de la empresa.
Aunque Murata decía estar enfocada en la industria militar, muchos contratos públicos eran de naturaleza totalmente distinta. Por ejemplo, la alcaldía de Monterrey le pagó 10 millones de pesos por impartir talleres sobre temas como accidentes viales, alcoholismo y sexualidad. En ese periodo, el alcalde era Adrián de la Garza, político del PRI que recientemente volvió a asumir el cargo tras las elecciones de 2024.
La empresa también está conectada con desvíos de recursos durante el gobierno de Manuel Velasco en Chiapas (entonces del PVEM, aliado del PRI y ahora de Morena) y con dos personajes ligados a casos de corrupción: Eduardo Felipe Moisés Salomón, involucrado en el escándalo electoral de Monex en 2012, y Salvador Campillo Talavera, partícipe en la estafa piramidal de ads-broker, que afectó a más de 5 mil personas, en su mayoría españolas.
Aunque ya se habían presentado denuncias locales contra Murata en Nuevo León, ha sido la presión del gobierno de Estados Unidos lo que ha impulsado una respuesta más firme por parte de la justicia federal mexicana contra esta red de lavado de dinero.
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